En San Román de Sanabria, anejo del municipio de Cobreros, los cortes de luz se han convertido en rutina. Ricardo Muñoz, jubilado de 67 años, asegura estar “muy cansado” de reclamar una solución ante las interrupciones eléctricas que, según su testimonio, son continuos. Y más cansado aún, enfatiza, de que "nadie me haga caso".
La escena es siempre la misma: un chasquido, la casa a oscuras y el silencio eléctrico que deja fuera de servicio la calefacción, el teléfono fijo y cualquier aparato conectado a la red. “No hago más que arreglar electrodomésticos”, lamenta. La puerta elevadora del garaje dejó de funcionar tras uno de esos cortes, y la campana extractora también terminó averiada. Cada incidencia supone tiempo, dinero y desgaste emocional.
El problema no es solo el apagón en sí, sino sus consecuencias en un núcleo rural alejado de la capital zamorana. En esta comarca sanabresa, cualquier avería técnica puede prolongarse durante semanas. “Entre que vienen, revisan, se van, piden piezas y regresan, pueden pasar dos meses”, relata. En un entorno disperso y con población envejecida, los tiempos no son un detalle menor.
Ricardo asegura que los técnicos desplazados a la zona le han comentado que el cuadro eléctrico del pueblo presenta deficiencias. Sin embargo, cuando contacta con la distribuidora —la antigua Unión Fenosa, ahora integrada en el grupo Naturgy— la respuesta es siempre la misma: la red funciona correctamente y no constan incidencias estructurales.
La brecha entre lo que ocurre en el terreno y lo que figura en los registros oficiales es, para este vecino, la raíz de su frustración. Ha escrito cartas a partidos políticos, administraciones y responsables institucionales, pero “nadie me hace caso”, insiste. Mientras tanto, los cortes persisten.
Más allá de los daños materiales, la situación adquiere un cariz especialmente crítico cuando se aborda la incomunicación. Cada interrupción del suministro deja sin funcionamiento el teléfono fijo y, en ocasiones el móvil, lo que impide contactar los servicios de emergencia. “Si pasa algo, estamos vendidos”, resume.
El invierno ha agravado la situación. Aunque su vivienda cuenta con estufa de leña, el sistema que distribuye el calor a los radiadores depende de la electricidad. Cuando se corta la luz, la casa pierde la capacidad de repartir la calefacción, precisamente en una comarca donde las temperaturas descienden con dureza. La falta de suministro no es solo una molestia técnica, sino un riesgo para el bienestar básico.
En la España rural, la estabilidad de los servicios esenciales es clave para fijar población. En enclaves como San Román de Sanabria, donde cada vecino cuenta, la percepción de abandono institucional cala con rapidez. Ricardo no habla de estadísticas ni de planes energéticos: habla de su puerta de garaje que no funciona, de electrodomésticos estropeados y de la incertidumbre cada vez que escucha un parpadeo en la red eléctrica.
Su protesta no busca protagonismo, asegura, sino una solución técnica que garantice un suministro estable. “Solo quiero que arreglen lo que esté mal”, repite. Entretanto, cada nuevo corte reabre la misma sensación de desamparo en una vivienda que, en pleno siglo XXI, sigue dependiendo de algo tan básico y frágil como la continuidad de la luz.
