La población en España entre 2002 y 2019 se incrementó un 14,3%. En ese mismo periodo, la población de Castilla y León
disminuyó un 1,9 %. Así, el peso de la población de la comunidad sobre el total español pasa del 5,9 % al 5,1 % en el periodo de referencia. La mayor variación de población por provincias entre 2008 y 2018 corresponde a Zamora (-11,5 %), Ávila (-7,7 %) y León (-7,2 %). La menor disminución corresponde a Valladolid (-1,7 %).
Los datos más relevantes del informe de "Fiscalización de la aplicación de las medidas aprobadas por las Cortes de Castilla y León en materia de despoblación en las entidades locales", aprobado hoy en el Pleno del Consejo de Cuentas es que el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) de la comunidad entre 2008 y 2018 ha sido de -106.828 personas, resultado negativo en todas las provincias en todos los años del periodo, a excepción de Valladolid de 2008 a 2011.
El Informe, que ha sido entregado por el Consejo al presidente del Parlamento autonómico, Luis Fuentes, y presentado por el consejero del órgano de control externo Emilio Melero, refleja también que el número de centros de salud en la comunidad se ha mantenido invariable. Y la ratio de las plazas en residencias de la tercera edad en relación con las personas mayores de 80 años se ha mantenido constante, habiendo aumentado con respecto al total nacional.
La proporción de oficinas bancarias ha descendido ligeramente en relación con el total nacional. El peso de empresas de comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas, con respecto al total nacional ha descendido ligeramente, como también ocurre con los bares. La proporción de las plazas hoteleras frente al total nacional también experimenta un ligero descenso.
El peso del PIB de Castilla y León sobre el total nacional, de acuerdo con la metodología INE, ha pasado del 5,5 % al 4,8 % en el periodo 2000-2018. Por sectores, destaca la disminución del peso sector primario regional en el nacional, pasando del 12 % al 5,7 %. El resto de sectores disminuyen ligeramente su peso relativo, excepto el secundario que aumenta de forma ligera.
Por sectores, en el periodo 2000-2018, y términos absolutos, los servicios han duplicado su importancia. La construcción crece ligeramente, el sector secundario ha aumentado más de un 40 % y el sector primario ha descendido más de un 30%. En cuanto al peso del número de empresas de la Comunidad con respecto al total nacional ha tenido una ligera disminución en el periodo 2008 a 2019, pasando de representar el 5,0 % al 4,8 %.
Los datos confirman la hipótesis sostenida por la doctrina en virtud de la cual los movimientos poblacionales se
sustentan de forma prioritaria en la búsqueda de empleo, ligado en este caso a la actividad económica. Existe una correlación prácticamente de 1 entre el peso del PIB de Castilla y León en el total nacional y el de su población.
En 2005 en la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León, diferentes especialistas pusieron de manifiesto aspectos negativos de la tendencia decreciente de la población, como la baja natalidad, la escasa atracción de emigrantes y la disminución de la actividad económica.
En 2010 la Administración autonómica aprobó la "Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020". Conforme al documento, el reto no es tanto la "lucha contra la despoblación" como "mejorar nuestra evolución demográfica". Se observa
falta de coherencia entre el diagnóstico y algunos objetivos y medidas. Se estableció un sistema de seguimiento, mediante indicadores de resultado e informes anuales, todos ellos accesibles de forma pública.
Ninguna de las entidades que ha respondido al cuestionario manifiesta tener un departamento o área específico dedicado a la lucha contra la despoblación o el reto demográfico, y como consecuencia de lo anterior, las medidas que las entidades locales analizadas aplican para luchar contra la despoblación se encuentran residenciadas en diferentes departamentos (empleo, turismo, juventud, urbanismo) y englobadas en muchas ocasiones en medidas más amplias y generalistas.
La mitad de las diputaciones y la mayoría de ayuntamientos (76 %) manifiestan no haber recibido información alguna sobre medidas puestas en marcha por otras administraciones. A pesar de la respuesta anterior, de la documentación aportada se
deduce que todas las entidades hacen uso de las medidas contenidas en dichos planes, especialmente de las ayudas para el empleo contenidas en la Agenda de Población de la Junta de Castilla y León.
Los resultados del trabajo, reflejados en 41 conclusiones, dan lugar a 7 recomendaciones. Las Cortes de Castilla y León deberían valorar la oportunidad de aprobar una figura similar a la del Observatorio permanente de estudio de la evolución de la población en Castilla y León, tal y como se recogió en la Comisión no permanente sobre la evolución de la población de Castilla y León, de forma que puedan tener un instrumento estable de seguimiento de la realidad demográfica de la Comunidad y que centralice los estudios e informaciones acerca de su evolución y problemática.
En cuanto a la Administración autonómica, teniendo en cuenta la finalización de la Agenda para la población de Castilla y León 2010-2020, debería evaluar el impacto real de las medidas desarrolladas para determinar la estrategia que se deba
desarrollar de cara al futuro.
