La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora continúa con el programa de depuración de aguas en los pequeños municipios de la provincia que entra ahora en su segunda fase en la que se actuará en aquellos núcleos con una población inferior a los habitantes. Pendientes únicamente de rematar las infraestructuras del primer plan en puntos de entre 500 y 2000 habitantes, ahora serán
De esta forma se da continuidad al convenio firmado el año pasado entre las partes por el cual se estableció la colaboración con ocho ayuntamientos en los que se ejecutarán las obras financiadas a partes iguales por la Junta y la Diputación (400.000 euros respectivamente), mientras que el 20% restante del proyecto será ejecutado por los Ayuntamientos adheridos a este plan voluntario.
La inversión de este año alcanzará el millón de euros mientras que en el conjunto de la segunda fase supone un desembolso de 1.850.000 euros, lo que sitúa a Zamora como la provincia más avanzada en materia de programas de depuración.
Un plan que ahora entra en la fase de firma de los convenios una vez redactados los proyectos y que contemplan a los Ayuntamientos de Trefacio, Madridanos, Riego del Camino (anejo de Manganeses de la Lampreana), El Cubo del Vino, Algodre, Pozoantiguo, Entrala y San Cebrián de Castro.
En el caso del consistorio de Trefacio, el presidente de l Diputación de Zamora ha precisado que contaba con deficiencias importantes en Villarino, donde es precio realizar dos puntos de vertido por temas de orografía así como en el propio núcleo de Trefacio.
La totalidad de las inversiones van con explotación para asegurar el mantenimiento de las instalaciones. El canon de explotación varía en función de la población que parte de los 2.000 euros anuales que el Ayuntamiento en cuestión deberá desembolsar al Somacyl hasta los 3.500 euros en el caso de los núcleos de entre 250 y 500 habitantes.
El canon de explotación se extenderá por un total de 15 años con una prórroga de diez. En este sentido, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha apuntado que la sanción que corresponde por vertido inadecuado o por revocación de vertido es más elevada que el canon de explotación.
