Este "truco" es difícil de llevar a cabo de manera legal en una ciudad como Zamora, donde la supervisión y el control tienden a ser más cercanos. Sin embargo, en grandes ciudades, este tipo de abusos se han convertido en una práctica cada vez más común. En Zamora, la problemática del estacionamiento sigue siendo un desafío, pero los sistemas de control y la menor densidad de coches hacen que las irregularidades sean menos frecuentes y más difíciles de realizar sin ser detectadas.
A pesar de ello, la situación en Zamora no es ajena a estos tipos de fraudes, especialmente en un contexto en el que los parquímetros digitales, implementados desde 2018, han facilitado el pago pero también han abierto la puerta a un vacío legal. Este fenómeno se da cuando algunos conductores utilizan la opción de "usuario con discapacidad" en los parquímetros, aprovechando la falta de una integración efectiva con las bases de datos oficiales de tarjetas de movilidad reducida. Así, pueden emitir tickets exentos de pago, aunque este beneficio está destinado exclusivamente a quienes tienen derecho a él.
Las autoridades locales enfrentan la dificultad de identificar y sancionar a los infractores, ya que estos suelen justificar la elección de la opción como un error al introducir los datos. Las sanciones, que van de 25 a 225 euros dependiendo de la zona y tipo de vehículo, resultan insuficientes para disuadir a quienes consideran esta opción como una forma de ahorrar dinero en un contexto de altas tarifas de estacionamiento y una presión creciente por la falta de espacios.
Es cierto que la situación en Zamora ha mejorado en términos de accesibilidad para personas con movilidad reducida, con un mayor número de plazas reservadas en diversas zonas de la ciudad. Sin embargo, si la práctica de abusar de estas exenciones se vuelve más común, podría poner en peligro la disponibilidad y el propósito de estos espacios. Por un lado, los zamoranos podrían beneficiarse de un ahorro económico al evitar el pago de la zona azul. Por otro, esto podría generar un desorden en la distribución de los aparcamientos y complicar aún más la gestión de tráfico y recursos por parte del ayuntamiento.
Las autoridades enfrentan dificultades para detectar y sancionar este fraude, ya que los infractores suelen justificarlo como un error al introducir la información en el parquímetro.
