La Alianza UPA – COAG ha denunciado públicamente el incumplimiento de plazos por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en la tramitación de indemnizaciones por daños ocasionados por especies cazables en terrenos cinegéticos. Agricultores de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, que reportaron pérdidas en la campaña agrícola de 2021/2022, aún no han recibido una resolución favorable, superando el límite de seis meses que la propia normativa establece.
Según UPA – COAG, las recientes resoluciones firmadas por el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz, desestiman las solicitudes de compensación alegando que los agricultores no comunicaron a tiempo los daños. Sin embargo, la organización señala que esta afirmación es incierta, ya que los agricultores afectados notificaron los daños a los agentes medioambientales desde el inicio de la campaña. El informe del celador de medio ambiente que confirma esta información indica que el daño causado por ciervos y jabalíes afectó el 100% de la superficie de las parcelas.
Los agricultores sostienen que el carácter de estos daños es continuo y acumulativo durante todo el ciclo productivo, lo que hace imposible notificar cada incidente por separado. En su lugar, los afectados informan al inicio y al final de la campaña para reflejar el impacto real en sus cultivos. Este protocolo es conocido por los agentes, quienes pueden realizar un seguimiento detallado.
Las resoluciones emitidas contradicen las recomendaciones de los instructores del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Zamora, quienes habían propuesto aceptar las solicitudes basadas en los informes de los celadores, reconociendo el 100% de los daños. Según UPA – COAG, esta situación evidencia una actitud cicatera de la administración al minimizar las compensaciones.
La Alianza UPA – COAG exige que la Consejería atienda los recursos de reposición que se presenten y no descarta convocar acciones de protesta si la situación no se resuelve. Aseguran que los agricultores deben recibir indemnizaciones de acuerdo con los daños constatados en los informes iniciales, y advierten que la negativa a atender estas solicitudes podría derivar en nuevas movilizaciones para reclamar justicia en un contexto de adversidad para el sector agrícola.
