La defensa de los recursos hídricos de la provincia suma un nuevo frente. Tras las alegaciones presentadas para la reversión del salto de Villalcampo, la plataforma en defensa del agua y del territorio ha confirmado que el Salto del Castro, en Castro de Alcañices, se incorpora formalmente al proceso, en una estrategia que persigue sentar precedentes sobre el futuro de las concesiones hidroeléctricas en el Duero zamorano.
La comparecencia pública, encabezada por Pilar Calvo y respaldada por asociaciones agrarias, medioambientales y por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), sirvió para detallar el estado de los procedimientos administrativos y judiciales abiertos frente a Iberdrola, así como para denunciar —una vez más— la escasa implicación institucional en un asunto que consideran clave para el porvenir económico de la provincia.
Un siglo de concesiones y una prórroga cuestionada
Las centrales hidroeléctricas afectadas —Ricobayo, Villalcampo, Castro, Villarino y Aldeadávila— se remontan a concesiones otorgadas en 1926, durante el reinado de Alfonso XIII, a la entonces Sociedad Hispano-Portuguesa de Transporte de Energía Eléctrica, germen de la actual Iberdrola. Aquellas concesiones se fijaron por 75 años, con posibilidad de ampliación hasta 99 condicionada a la ejecución de determinadas infraestructuras de regulación de avenidas.
Según expuso Calvo, en 1972 la Administración desestimó expresamente la prórroga hasta los 99 años solicitada por la concesionaria, salvo que acometiera un embalse aguas arriba de San Esteban de Gormaz para evitar inundaciones. Esa infraestructura nunca se ejecutó.
Pese a ello, Iberdrola ha defendido en sede judicial que determinadas obras posteriores justificarían la ampliación del plazo concesional. La cuestión está ahora pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, donde un grupo de asociaciones y particulares zamoranos se ha personado para oponerse a la pretensión de prórroga.
En paralelo, el Ministerio para la Transición Ecológica ordenó el 10 de octubre de 2024 el abandono de las instalaciones de Villalcampo al entender caducada la concesión. Sin embargo, la compañía alegó la vigencia hasta los 99 años, lo que ha prolongado el conflicto jurídico y mantiene en el aire la gestión futura de la infraestructura.
Alegaciones con impacto fiscal y territorial
La novedad política y estratégica radica en la ampliación de las alegaciones también al Salto del Castro, cuya reversión ya ha iniciado trámites administrativos. La plataforma sostiene que la gestión futura de estas infraestructuras debe incorporar condiciones que garanticen un retorno económico real para la provincia.
Entre las exigencias planteadas destacan:
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Obligación de que la nueva concesionaria establezca sede social y fiscal en Zamora, o bien cree una sociedad vehicular radicada en la provincia, para que los impuestos derivados de la producción y transporte eléctrico reviertan aquí.
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Compensaciones de 5.000 euros por megavatio instalado para los municipios afectados.
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Suministro eléctrico gratuito para localidades aguas arriba y aguas abajo de los embalses, como medida de fijación de población.
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Aplicación efectiva de la Ley de Expropiación Forzosa, de modo que los terrenos y poblados vinculados a las centrales reviertan a los municipios o a los antiguos propietarios.
El debate fiscal no es menor. La sede social de Iberdrola en el País Vasco implica que, en virtud del Concierto Económico, buena parte de la tributación empresarial se liquide allí. Los colectivos sostienen que la energía se produce mayoritariamente en territorios como Zamora, mientras el retorno fiscal es residual, lo que consideran un ejemplo paradigmático de desequilibrio territorial.
Infraestructuras, despoblación y cohesión comarcal
En el caso concreto del Salto del Castro, las alegaciones incorporan además una reivindicación histórica: habilitar una carretera sobre la coronación de la presa que conecte Sayago y Aliste, hoy obligadas a rodeos de hasta 50 kilómetros por las limitaciones del puente de Pino o por itinerarios alternativos.
Para los promotores, la reversión no es solo una cuestión jurídica o económica, sino una oportunidad estratégica para combatir el aislamiento, mejorar la conectividad y frenar la despoblación en comarcas especialmente castigadas.
Críticas a la ausencia institucional
Uno de los mensajes más reiterados durante la comparecencia fue la crítica directa a la falta de implicación activa de ayuntamientos, Diputación y Junta de Castilla y León en los procedimientos abiertos. Aunque algunos consistorios han presentado alegaciones, la plataforma considera que la respuesta institucional ha sido insuficiente ante un proceso que puede redefinir durante décadas el reparto de beneficios de la energía hidroeléctrica, unas declaraciones que no gustaron a los alcaldes presentes y que fueron rebatidas por los regidores de Villaseco y Almaraz, que dejaron claras sus desavenencias con estos colectivos durante la rueda de prensa en la sala del Museo Etnográfico.
Los colectivos advierten de que la reversión de Villalcampo y Castro marcará el precedente para futuras caducidades en la cuenca del Duero. Lo que ahora se resuelva no afecta únicamente a dos saltos concretos, sino al modelo de gestión de un recurso estratégico y a la capacidad de los territorios productores para exigir justicia fiscal, equilibrio territorial y retorno económico efectivo.
