El Procurador del Común ha archivado el expediente iniciado el pasado 21 de julio en el que atendía a una queja presentada ante la ausencia una Unidad de Fisioterapia en el Centro de Salud de Tábara tras la respuesta aportada por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León
La resolución de Tomás Quintana fechada en verano proponía la creación de una de estas unidades en Tábara atendiendo a la previsión indicada por la Administración en su informe de incrementar el número de Unidades de Fisioterapia en los Centros de Salud de la provincia de Zamora. A su vez, consideraba la " importancia de aumentar la plantilla de fisioterapeutas con la finalidad de evitar demoras y que los pacientes tengan que recurrir a la sanidad privada" a la vista del "déficit de especialistas actualmente existente y de la mayor incidencia del mismo en la Atención Primaria del entorno rural".
La Consejería recuerda que, en el caso de Zamora, este año se ha puesto en funcionamiento la sala de fisioterapia en la Zona Básica de Salud de Parada del Molino que da cobertura a toda la población de esa ZBS junto a las de las ZBS de Dr. Fleming, Corrales del Vino, Carbajales, Campos-Lampreana, Villalpando y Zamora Norte, descongestionando el resto de las salas de fisioterapia del área de salud.
A su vez, asegura que se está estudiando la extensión de las unidades de afrontamiento activo del dolor crónico, que ya funcionan en Valladolid para sus dos áreas de salud, al resto de la Comunidad, para lo que está prevista la contratación, tras recibir la formación específica, al menos de 35 fisioterapeutas en plantilla orgánica de Atención Primaria, durante los años 2023- 2024.
Por último, desde la Consejería dirigida por Alejandro Vázquez apuntan a que se está trabajando junto con los profesionales de atención primaria, en modelos innovadores de atención que, mediante la utilización de las nuevas tecnologías, permitan incorporar la atención y llevar la prestación de la cartera de servicios de Sacyl a las zonas territoriales de difícil cobertura.
Una contestación ante la que el Procurador considera que, si bien las Administraciones están obligadas a proporcionar al Procurador del Común la información que éste les requiera, las indicaciones "no son de obligado seguimiento" al entender que "concurren factores que, desde su perspectiva, justifican no aceptar la Resolución concreta que el Procurador del Común ha formulado".
