La Fiscalía Provincial de Zamora ha concluido que los hechos denunciados por Miguel Guerra, candidato de Podemos en el municipio sayagués de Luelmo en las pasadas elecciones, pueden ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa y se han abierto diligencias previas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Zamora contra el alcalde, Eladio de Pedro Blanco. Ante esto, Podemos Zamora solicita la dimisión inmediata del regidor y se muestran así de contundentes: “no puede permanecer ni un minuto más como alcalde de la localidad”.
Según la Fiscalía, existen indicios que señalan que, en el reparto de los pastos de los bienes comunales que pertenecen al municipio, ha podido verse beneficiado algún familiar de Eladio de Pedro. Tanto la conclusión de la Fiscalía como la apertura de diligencias, reafirma la posición de la formación morada de exigir la dimisión inmediata del alcalde al considerar que “su actuación pone en duda la correcta gestión de los asuntos municipales y genera una sombra de duda sobre todos los repartos que realiza el ayuntamiento de los bienes comunales del municipio”. A su vez, apelan al Partido Popular, formación a la que pertenece el alcalde, a aplicar “con rigor” su código ético.
Desde Podemos Zamora no dejan pasar la oportunidad de denunciar el uso de las Ordenanzas Municipales para hacer imposible la incorporación de nuevos pobladores al municipio, “sus condiciones hacen inviable la incorporación de nuevos ganaderos de extensivo dado que para disponer de pastos del común es condición inexcusable estar empadronado dos años en el municipio, esto, según parece, siempre y cuando no seas familiar directo de algún miembro del Ayuntamiento”. En contraposición ponen de ejemplo el Ayuntamiento de Gamones en el que únicamente exigen estar empadronados con una residencia efectiva en el municipio y que está consiguiendo recuperar población.
Para Podemos Zamora, “situaciones como estas convierten en papel mojado las ayudas pregonadas por Mañueco y dirigidas a ciudadanos oriundos o procedentes de Castilla y León en el exterior para apoyar y facilitar su retorno desde otras comunidades autónomas españolas a la Comunidad”.
