La Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora muestra su preocupación ante la situación de siete pequeños municipios de la provincia que permanece a la espera de la ejecución del plan de depuración por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero.
Se trata de siete ayuntamientos que permanecen sin soluciones a la vista y que podría llevar a futuras sanciones por vertidos. Los ayuntamientos “bloqueados” son los de Andavías, Arcenillas, Coreses, Cubillos, Villanueva del Campo, Monfarracinos y Fermoselle. En total son una docena los municipios de entre 500 y 2000 habitantes que quedarán pendientes de “actuaciones necesarias”.
En casi todos los casos se tratan de municipios que no cumplen con los parámetros de vertido, si bien cinco de los consistorios han declinado sumarse al plan mientras que las siete anteriormente mencionadas pertenecen al compromiso “histórico” del Gobierno de España a través de la empresa pública Aquagest y de la Confederación Hidrográfica, si bien por el momento no se han abordado.
“Estamos preocupados porque hay algunos de esos municipios que cuentan con una actividad económica relevante y la ausencia de depuradora impide el otorgamiento de licencias”. El director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, incide así en que el impacto va más allá del puramente medioambiental y que condiciona el desarrollo económico, especialmente en zonas del alfoz de Zamora.
En este sentido, Jiménez apunta a una situación “delirante” al ser la Confederación la encargada tanto de velar por la depuración de las aguas y, por lo tanto de establecer las sanciones oportunas, si bien también es el mismo organismo encargado de ejecutar la depuradora. Desde la Junta y la Diputación insisten en que continuarán insistiendo ante el Ministerio, Aquagest y la Confederación Hidrográfica del Duero para tratar de dar con una solución a la mayor brevedad posible.
“Les hemos planteado en muchas ocasiones que si no se va a abordar este proyecto global que nos los digan para ver si nos podemos sentar con ellos o dar con soluciones individuales”, ha añadido.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha criticado el hecho de que la Confederación no invierta “ni un céntimo de euro” en materia de depuración en la provincia mientras recauda “cantidades importantes” por sanciones: “Es decir, quien te tiene que resolver el problema te cobra, pero no aporta dinero para resolverlo”.
Faúndez ha ido más allá y ha puntualizado que hay casos, como Fermoselle o Morales del Vino, son actuaciones consideradas de interés general, por lo que compete a la Confederación ejecutar. Una situación que, aseguran las partes, se debe poner “encima de la mesa”.
ACTUACIONES EN UNA VEINTENA DE MUNICIPIOS
Una situación que se produce al término de la primera fase del programa de depuración que ha acometido la actuación en una veintena de núcleos de población de los 32 inicialmente detectados con problemas en sus aguas. El plan coordinado entre la Junta y la institución provincial prevé rematar en menos de un año las obras y proyectos aún en ejecución o pendientes de licitación a los ayuntamientos adheridos de manera voluntaria.
Tres de las obras ya se encuentran finalizadas y en explotación, siendo las intervenciones más ágiles tanto a nivel provincial como regional, ya que la provincia acogió este plan piloto. Se trata de las depuradoras de Alcañices, Villamor de los Escuderos y Castrogonzalo.
Otros 14 municipios cuentan con el proyecto en ejecución, entre los que se incluyen La Bóveda de Toro, Corrales del Vino, Santibáñez de Vidriales, Morales del Rey o Villamayor de Campos, entre otros. El plazo de finalización de las actuaciones se prevé que podría completarse en un plazo de diez meses por importe de 7,1 millones de euros. A ellos se suman otras dos actuaciones pendientes de la firma de los convenios para licitar las obras, como es el caso de Camarzana de Tera y Vezdemarbán. A ella se sumará la redacción del presupuesto de Manganeses de la Polvorosa por valor de unos 700.000 euros aproximadamente.
El listado se elabora en base a la selección que hace la Confederación de ayuntamientos que presentan problemas relacionados con la depuración de sus aguas y que se consideran de actuación más urgente. Así, mientras en el ejercicio del 2022 se actuó en los consistorios que poseían el vertido revocado, este año se ha pasado a aquellos en los que están en esta misma situación o próximos, si bien ya en una nueva fase que afectará a los municipios de menos de 500 habitantes.
