Esta mañana se celebraba el penúltimo pleno ordinario de esta legislatura en la Diputación Provincial en el que como tema de mayor importancia se llevaba la modificación de las bases para la ejecución del presupuesto DIPNAMIZA I y II 2019 que están dotados en todal con dos millones de presupuesto.
Un pleno relativamente plano en cuanto a los temas a tratar y en los que destaca esta aprobación que se llevó a cabo con los votos a favor de todos los presentes con la excepción de las abstenciones de los diputados de IU.
Era Laura Rivera de IU la explicaba que aunque no es competencia de la Diputación de Zamora el tema del empleo valoraban positivamente esta actuación si bien la veían escasa puesto que en el ámbito rural el montante económico les parecía escaso o mínimo ya que los ayuntamientos de la provincia apenas tienen ya ni "parados". Por su parte Aurelio Tomás portavoz en este tema del Partido Popular hacía valer los casi 3 millones de euros que invierte la Diputación de Zamora en el empleo del ámbito rural y aunque es competencia de otras administraciones la apuesta de la Diputación Provincial es siempre de ayuda a los pueblos de la provincia.
También hubo otros temas a tratar como los reconcimientos extrajudiciales de crédito aprobados por 14 votos a favor y 9 en contra, o el informe del estado de ejecuciones sostenibles que volvió a tener una nueva crítica de IU al entender que tras el paso de los años y de las inversiones presupuestadas por valor de más de 20 millones de euros solo se habían ejecutado inversiones por valor de 7,5 millones de euros. Aurelio Tomás asumía los problemas acaecidos a cuenta de la ley de contratos y finalizaba su intervención comentando que esperaba que antes de finales de 2019 estarían finalizadas muchas de las inversiones programadas.
La residencia Virgen del Canto en Toro y su pobre ocupación fue tema también de rifi rafe entre Laura Rivera y Aurelio Tomás. Los precios de la residencia y el coste que está suponiendo a las arcas de la Diputación Provincial a cuenta de su escasa ocupación finalizaba un debate en el que se aprobaba la modificación de la ordenanza de Funcionamiento y la reguladora de precio público con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de IU y PSOE.
