Cuando el fin de un artículo publicado en determinados medios, es “propagar” doctrinas, opiniones, sin que el contenido sea necesariamente cierto, es sin duda, propaganda, si además se llega a falsear, “propaganda barata”.
En los artículos publicados éstos días por RTV al día, con los titulares “Más de un docena de instalaciones y 150 efectivos: Así es la gran red de parques de Bomberos en Salamanca” y “La pandemia multiplica las tareas de los Bomberos en la provincia, contabilizándose 2.277 actuaciones en 2020”, digamos, pretendiendo mejorar y ensalzar la imagen de un servicio, supuestamente prestado por la Diputación de Salamanca pero que realmente NO EXISTE, tenemos que decir que:
1.- Que los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) a los que las diputaciones están OBLIGADOS a tener, sólo pueden ser PROFESIONALES y PUBLICOS (Bomberos). Y en la provincia de Salamanca lo sustituyen con un servicio COMPLEMENTARIO (nunca esencial) de los profesionales.
1.- Qué salvo los casos de Béjar y Villares de la Reina, ninguno de los demás ”entes" a los que se refieren, pueden ser llamados Parques de Bomberos. En estos dos únicos casos es donde, al menos, se cumple que los bomberos sean profesionales, si bien todavía no cumplen todas las leyes y la jurisprudencia que nos da la razón cuando afirmamos que “se debe desempeñar mediante un servicio de bomberos profesionales y agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones”.
Sólo con esta afirmación se deja meridianamente claro, que él artículo, notoriamente manejado desde la propia diputación, tiene “cimientos de paja” y ese tipo de construcciones no suele aguantar.
Por mucho que quieran mencionar como esencial la figura del voluntario en la misma frase que “parque de bomberos”, ni esa figura es esencial, sino complementaria ni son parques de bomberos, sino Agrupaciones de Voluntarios a los que, además, no se les puede exigir si quiera, respuesta; para que se entienda, puedes llamar al 112, por haber tenido cualquier emergencia (accidente, incendio, etc.) y que ninguno de esos integrantes cercanos acuda por estar, por ejemplo, subido al tractor y no oiga el móvil o, como en otros casos, se enfaden con la alcaldesa, que quiere hacer las cosas bien y no mantener ese estatus fraudulento del voluntariado.
En el otro artículo, que sigue en la línea de mezclar “churras con merinas” para seguir equivocando al ciudadano, destaca que: “las labores” (loables y en momentos necesarias como apoyo logístico a la población) las realizan esos supuestos “bomberos” (voluntarios en fraude de ley cuando usurpan las funciones de los bomberos profesionales agentes de autoridad) o los bomberos de Villares y Béjar, cuando esa precisamente, SI es labor de voluntarios. Ese tipo de tareas (que no funciones) respetan las normas del voluntariado siempre y cuando no se cobre por ello es decir, de manera altruista, sin embargo, tenemos constancia que esos servicios se están cobrando.
Llevamos años avisando del incumplimiento de varias leyes, tras los avisos llegaron las denuncias y tras éstas, las sentencias. Sentencias que han dejado patente y muy claro que para ser bombero hay que ser funcionario (como dicta la ley en un sistema de selección por oposición que cumpla los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad), agente de autoridad y poder desarrollar funciones que salvaguarden las vidas, bienes e intereses de los ciudadanos, así como de las diferentes instituciones y/o administraciones.
A la Diputación de Salamanca y otras de Castilla y León y sus dirigentes, parece habérseles olvidado que el todopoderoso Tribunal Supremo les ha rechazado el recurso dando la razón al Tribunal Superior de Justicia de CyL, en la denuncia que la PBPCyL interpuso y lo obvian en los medios de comunicación. El TSJ dictamina con claridad meridiana que los bomberos deben ser empleados públicos y agentes de autoridad, por ley, y por tanto funcionarios de carrera. Y que sus funciones, determinadas en la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León, son exclusivas de éstos y no de privados ni voluntarios.
Lamentablemente, los dirigentes de la institución provincial salmantina y de forma sorprendente, lejos de hacer las cosas fáciles, delimitándose a cumplir las leyes y las sentencias con servicios públicos, ADEMAS MAS BARATOS, insisten en hacer las cosas mal, de manera ilegal con, vayan ustedes a saber, que interés.
Desde la PBPCyL y sindicatos, vamos a seguir luchando para acabar con sus intenciones de seguir manteniendo modelos ilegales, que lo único que hacen es favorecer a unos pocos, crear “redes clientelares” engañar a los ciudadanos con modelos fraudulentos y en muchos, casos ineficientes.
Sigan ustedes con sus campañas de propaganda barata pero que al final pagan sus conciudadanos; nosotros seguiremos defendiendo la legalidad y la calidad del servicio público que los ciudadanos salmantinos y Castellanoleoneses, PAGAN Y SE MERECEN.
