Luz verde a la urgente ejecución de la concentración parcelaria de la zona del Canal del Esla

El perímetro de la zona afectada por la solicitud de concentración se corresponde con la zona regable que en la provincia afecta a parte de los términos de Matilla de Arzón, San Cristóbal de Entreviñas, Benavente, Fuentes de Ropel, Castrogonzalo y Villanueva de Azoague
Canal del Esla. Fotografía: canaldelesla.es
photo_camera Canal del Esla. Fotografía: canaldelesla.es

La Consejería de Ganadería, Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la declaración de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la zona del Canal del Esla en las provincias de León y Zamora. La declaración se ha oficializado con su publicación este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL). 

El perímetro de la zona afectada por la solicitud de concentración se corresponde con la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal del Esla que afecta a los términos municipales de Villamañán, Valencia de Don Juan, San Millán de los Caballeros, Villademor de la Vega, Toral de los Guzmanes, Algadefe, Villaornate y Castro, Villamandos, Villaquejida y Cimanes de la Vega, en la provincia de León, y Matilla de Arzón, San Cristóbal de Entreviñas, Benavente, Fuentes de Ropel, Castrogonzalo y Villanueva de Azoague, en la provincia de Zamora. 

De esta manera se avanza en la decisión adoptada en 2018 por los ayuntamientos afectados. Previamente, con fecha 25 de marzo de 2018, la Comunidad de Regantes del Canal del Esla acordó la necesidad de llevar a cabo la modernización de los regadíos existentes en su ámbito de actuación que afectaba a los referidos términos municipales.

Tras el informe emitido por la unidad territorial del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en León, sobre la conveniencia de acometer la concentración parcelaria de la zona, se redactó el estudio técnico previo de la zona de concentración parcelaria del Canal del Esla, que fue aprobado por Resolución de 3 de marzo de 2020 de la Dirección General de Desarrollo Rural que en su estudio apostaba por la conveniencia de llevar a cabo la concentración por razones de utilidad pública. A ello se suma el visto bueno del informe de impacto medioambiental que determina que no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente y se establece el condicionado ambiental.

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