Varias empresas contratadas por la Junta de Castilla y León para la prevención y extinción de incendios podrían estar incumpliendo la normativa laboral básica, según denuncia Izquierda Unida. La organización ha presentado un escrito ante la Inspección Territorial de Trabajo de la comunidad autónoma solicitando la imposición de sanciones a las compañías con licitaciones vigentes.
Entre los principales problemas denunciados, Izquierda Unida señala la insuficiencia de equipos de protección individual (EPIS), la falta de cumplimiento de horarios laborales y la carencia de avituallamiento adecuado. La organización asegura que algunas brigadas han llegado a trabajar jornadas de hasta veinte horas consecutivas, con suministro mínimo de agua y comida, y en ocasiones utilizando equipos de protección ya usados en incendios anteriores.
El documento detalla que los trabajadores han sufrido deshidratación y calambres como consecuencia del sobreesfuerzo, y denuncia que las bases operativas desde donde desempeñan sus funciones no cumplen los requisitos mínimos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Entre las carencias se mencionan la ausencia de vestuarios suficientes, botiquines de primeros auxilios y ventilación adecuada, impidiendo que los bomberos puedan ducharse, atender heridas o descansar correctamente tras una jornada de trabajo.
Las empresas señaladas por Izquierda Unida incluyen TAher, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina Técnica Demontes, IGM, Ingeniería y Gestión Medioambiental, UTE Matinsa, FORESA, DEMONTES, INFOSA, ORTHEM, Hozono Global, ACCIONA, EULEN y TRAGSA. La organización reclama el levantamiento de actas de infracción y la aplicación de sanciones legales correspondientes, reiterando su posición crítica frente a la privatización del operativo de extinción de incendios y su apuesta por un servicio cien por cien público.
