Los trabajadores públicos eventuales de Zamora se unieron ayer a la convocatoria de la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL) para manifestarse en Madrid y lograr que se modifique el Real Decreto Ley de reducción de la temporalidad que consolide 800.000 puestos de trabajo temporales en fraude de ley, 30.000 en Castilla y León.
En la concentración participarán un centenar de zamoranos, unos llegados en el autobús que se fletará desde Benavente y otros en coches particulares.
La salida de la manifestación será en Atocha y transcurrirá por la calle del Congreso de los Diputados para concluir frente a la puerta del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Conscientes de la situación extraordinaria de temporalidad en el empleo público y la trascendencia de la reforma que se plantea, desde la Unión Sindical de Castilla y León (USCAL), sindicato mayoritario entre los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, le hacen llegar esta propuesta de reforma y le solicitan su traslado a la Comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados, al tiempo que solicitan una entrevista.
Recuerda USCAL que la temporalidad en el sector público es ya seis puntos mayor que en el privado. Así, en las plantillas públicas hay casi un 27% de temporalidad frente a un 21% en las empresas y esta diferencia viene aumentando desde principios de 2019, según un informe elaborado por Cinco Días.
Para la organización sindical, el último Real Decreto del 6 de julio para reducir la temporalidad en el empleo público "no cumple con los mandatos de la Directiva Europea ni con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE", ni termina con el "abuso que ha venido realizando España en los últimos 20 años en relación con la contratación de personal temporal".
Según USCAL, la norma confunde y trata por igual situaciones diferentes (temporalidad abusiva vs. temporalidad lícita), abocando al despido (cese) libre y gratuito y al intercambio de unos trabajadores por otros, pretendiendo la reducción del desempleo juvenil a costa de incrementar el paro femenino y de larga duración, que tampoco se ha considera en el análisis de impacto.
