A la reunión, celebrada en el Congreso, asistió Fernando Martínez Maíllo como vicepresidente de la FEMP
Los cargos electos locales del PP en el Congreso han realizado una declaración pública para apoyar el proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, en el que dicen que esta reforma "da respuesta a reivindicaciones históricas del municipalismo y establecerá los parámetros que deben guiar la gestión de los Gobiernos Locales en el siglo XXI".
El documento consensuado en el Congreso, en la sesión a la que asistió Fernando Martínez Maíllo en calidad de vicepresidente de la FEMP, se basa en distintos puntos, como que "esta Ley va a realzar el papel de las Corporaciones Locales en el Estado de las Autonomías, poniendo fin al desequilibrio que se ha producido en su desarrollo. Las Entidades Locales han sido relegadas, hasta la fecha, a un papel inferior que no se corresponde con su papel político e institucional".
En cuanto a las medidas que introduce, el PP afirma que "la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local va a dotar a las Entidades Locales de autonomía suficiente para ordenar y gestionar una parte de los asuntos públicos, tal y como declara la Carta Europea de Autonomía Local".
De esta forma, el Grupo Popular anuncia que "ñas Entidades Locales pasan, por tanto, a ocupar el sitio que les corresponde dentro del sistema constitucional español, reconociéndoseles que las mismas son Estado, como lo son las Comunidades Autónomas".
Ademàs, "con la ordenación y clarificación competencial que acometer", esta ley "va a eliminar la superposición de competencias entre Administraciones. Partiendo de la autonomía local constitucionalmente garantizada, rellenará el vacío normativo de atribución competencial a los Entes Locales de acuerdo a los principios de descentralización y subsidiariedad".
En este sentido, el PP destaca que la Ley viene a dar respuesta "a una reivindicación largamente demandada por los Gobiernos Locales que es acabar con uno de los más graves problemas que han tenido desde el comienzo de la democracia: tener que destinar una parte de sus presupuestos a atender competencias que corresponden a otras Administraciones, particularmente, autonómicas".
También aseguran en su declaración los cargos electos del PP que "la Ley va a proceder a una clara, racional y, sobre todo, definitiva, delimitación competencial entre las tres Administraciones. De esta forma, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas, las duplicidades y triplicidades entre Administraciones, España ganará en competitividad. Y, además, se garantizará que cada Administración cuente con los recursos necesarios para sostener la prestación de unos servicios públicos de calidad".
Otro de los puntos que recoge la declaración enuncia que "la Ley viene a reconocer, por tanto, la importancia de la Administración Local, la que mejor conoce las necesidades cotidianas de los españoles por ser la más cercana a los ciudadanos. Una Administración, la Local, que, además, está demostrando su compromiso con los objetivos de austeridad y de rigor presupuestario, dando ejemplo al resto de administraciones públicas".
Ø Estas cualidades de las Corporaciones Locales se han tenido bien presentes a la hora de redactar esta norma, lo que se ve claramente en cómo se ha diseñado el sistema para atender los Ayuntamientos la prestación de servicios delegados por otras Administraciones.
En cuanto al apartado económico, la declaración recoge que "por primera vez se va a cumplir el principio de lealtad institucional, ampliamente reivindicado por los municipios. Así, toda delegación de competencias del Estado o de la CCAA deberá ir acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria anual, con cobertura del cien por cien del coste del servicio y garantizado su cobro mediante mecanismos de reintegro preestablecidos como, por ejemplo, reteniendo cantidades adeudadas de Participación en los Ingresos del Estado".
"Todos los Ayuntamientos que se encuentren en equilibrio presupuestario -continúa el argumento de los populares- podrán ofrecer a sus vecinos los servicios que consideren, además de los obligatorios, siempre que no los esté prestando ya otra Administración. No hay ningún artículo ni disposición en esta norma que se lo impida".
Además, señalan que "cualquier municipio, con independencia de su situación económica y de su tamaño, podrá prestar aquellos servicios que les delegue la Administración competente, financiados al 100% por dicha Administración en virtud de un convenio, cuya duración no será inferior a cinco años y, en caso de incumplimientos en los pagos, contará con la garantía financiera del Estado".
Finalmente, la declaración concluye afirmando que "con esta reforma el ciudadano se sitúa en el centro de la acción política y la política al servicio del ciudadano para que no haya desigualdades ni discriminaciones, a la vez que se asegura que "se mantienen todos los servicios sociales. Todos los ciudadanos recibirán atención social y servicios sociales. Su prestación queda garantizada en esta Ley con independencia de qué administración es la que asume la gestión, en razón de la distribución competencial o de la asignación eficiente de recursos".
"Las Diputaciones Provinciales, con el consentimiento de cada Ayuntamiento, podrán ampliar y mejorar la labor que actualmente realizan de colaboración y coordinación, especialmente con los municipios más pequeños y del medio rural. Igual que lo han hecho al cumplir los objetivos de déficit y la reducción de su nivel de endeudamiento, las Entidades Locales van a seguir dando ejemplo a todas las Administraciones al establecer por esta Ley unos topes homologados de retribuciones, número de eventuales y concejales con dedicación exclusiva"
