La delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Clara San Damián, explicó esta mañana los datos del incendio de Lober que contó con un efectivo de 525 personas que trabajaron en el incendio, junto a los cientos de vecinos de los pueblos vivieron con gran intensidad las treinta horas que permaneció activo, en medio de una ola extrema de calor y fuertes rachas de viento. Informó también del importe del gasto total que ha supuesto apagar ese incendio, y que asciende a 320.000 euros.
En cuanto a lo que la Junta de Castilla y León se compromete a realizar para ayudar a los afectados por el incendio, tiene que ver en primer lugar con el levantamiento de las restricciones a que la Ley de Montes obliga, ya que según la legislación vigente en los terrenos quemados no puede llevarse a cabo ninguna actividad en los cinco años siguientes, y esto afecta también a la posibilidad de aprovechar los pastos.
En este sentido anunció que desde la Consejería de Agricultura se va a estudiar caso por caso para levantar las restricciones de los aproximadamente 20 ganaderos afectados. También explicó que se va a tramitar con urgencia el establecimiento de corredores que permitan sacar al ganado y poder darles de comer. En definitiva, se buscan fórmulas para que, a solicitud de ganaderos y agricultores, se puedan realizar de modo selectivo el levantamiento de las restricciones que impone la ley.
Poder optar a las ayudas de la PAC
Esto afecta también a las ayudas de la PAC, no en relación con los terrenos agrícolas, pero sí en los pastos, ya que, si no se levantan las restricciones, no podrían optar a las ayudas europeas, un asunto de vital importancia para los ganaderos, como explicaban también los representantes de los sindicatos agrarios, presentes en la reunión.
La delegada territorial de la Junta se refirió también a los seis cotos de caza afectados por el incendio y anunció a los Ayuntamientos afectados que desde la Consejería de Fomento se asumirán los daños causados por la maquinaria usada contra el incendio tanto en mobiliario urbano como en las fincas particulares.
Por su parte, el subdelegado accidental del Gobierno de España, Dionisio Ferrero, explicó las tres vías de colaboración que existen en esta administración y que afecta en primer lugar a los seguros, ayudando a los afectados en la tramitación de las ayudas a través del Consorcio de Compensación de Seguros.
Se refirió asimismo a la importancia de que los ayuntamientos soliciten la declaración de zona catastrófica que la Subdelegación tramitará de forma conjunta, y a la posibilidad de aplicar desde el Ministerio de Interior el Decreto de Emergencias que implica ayudas de no mucha cantidad, pero sí inmediatas.
