La reciente declaración de emergencia cinegética por parte de la Junta de Castilla y León, que autoriza la caza de 223 ciervas en trece municipios de la provincia de Zamora, ha generado una fuerte polémica. Ecologistas Zamora ha reaccionado con dureza a la medida, a la que acusa de carecer de fundamento científico y de responder únicamente a presiones de carácter electoral y agrícola.
La resolución de la Consejería de Medio Ambiente, publicada este martes, autoriza la eliminación de ejemplares hembra de ciervo en términos como Tábara, Ferreruela, Riofrío de Aliste o San Cebrián de Castro, entre otros, con el argumento de que el exceso de población está perjudicando a la regeneración natural del monte tras los incendios forestales de 2022, y causando daños significativos en los cultivos de cereal y girasol. La medida se aplicará con carácter excepcional y estará vigente hasta septiembre de 2026.
Sin embargo, desde el colectivo ecologista denuncian que la Junta no ha presentado ni un censo poblacional actualizado ni un estudio riguroso que respalde la necesidad de esta intervención. “La única información disponible procede de estimaciones de los agentes medioambientales, que sitúan la población de ciervos en la Sierra de la Culebra entre 1.700 y 1.800 ejemplares y la consideran estable”, señalan.
Además, advierten de que el supuesto impacto de los ungulados sobre la vegetación no ha sido evaluado técnicamente ni se han publicado datos verificables sobre los daños en explotaciones agrícolas. “Se está utilizando un relato construido a partir de valoraciones subjetivas para justificar una medida que puede tener consecuencias muy graves para el equilibrio ecológico”, explican.
Uno de los aspectos más criticados por Ecologistas Zamora es el momento elegido para autorizar la caza de las ciervas, que coincide con el periodo de dependencia total de los cervatillos respecto a sus madres. “Eliminar a las hembras en esta época puede provocar la muerte de numerosas crías que no podrán valerse por sí mismas durante su primer año de vida”, alertan.
La organización también pone el foco en la incoherencia que, a su juicio, supone permitir la caza del lobo —depredador natural del ciervo— mientras se argumenta que existe una sobrepoblación de herbívoros. “Si realmente hay un exceso de ciervos, lo lógico sería proteger a sus depredadores naturales, no eliminarlos. La Junta está desmantelando los mecanismos ecológicos de autorregulación y sustituyéndolos por parches arbitrarios”.
Ecologistas Zamora interpreta esta decisión como un gesto de cara a los sindicatos agrarios, que llevan tiempo reclamando una reducción de las poblaciones de fauna silvestre. A su juicio, se trata de “una forma de aparentar que se hace algo, sin analizar con rigor ni la magnitud del problema ni las consecuencias de la solución propuesta”. También recuerdan que los cazadores, en general, no se interesan por las hembras, sino por los machos con mayor trofeo, por lo que dudan de la efectividad real de la medida.
Por último, el colectivo critica que la Junta esté cediendo la gestión de la biodiversidad a intereses sectoriales, olvidando sus responsabilidades como administración pública. Recuerdan que los beneficiarios de la Política Agraria Común tienen obligaciones medioambientales que incluyen la restauración de bosques y la conservación del entorno, y advierten de que estas actuaciones deben regirse por criterios integrales y no únicamente por intereses productivistas.
