Izquierda Unida de Benavente ha criticado “las trabas que están teniendo las personas y las empresas” que realizan una instalación solar fotovoltaica para autoabastecerse. Una situación que se llevará a las Cortes de Castilla y León por las dificultades burocráticas y administrativas que está habiendo a la hora de legalizar las instalaciones de placas solares por parte de los servicios autonómicos de Industria en todas las provincias”.
En la instalación de las placas solares en una vivienda “es normal” que haya excedentes energéticos para la empresa comercializadora. Y este “retraso burocrático” por parte de la Junta supone que los propietarios de las placas solares “no pueden vender estos excedentes al no disponer del certificado de la instalación que tiene que emitir la administración autonómica”.
Desde la formación política han denunciado que “la emisión de este boletín se alarga durante meses. Especialmente desde el pasado mes de enero en que la Administración autonómica aprobó 37 millones de euros en subvenciones de Fondos Europeos para el fomento del autoconsumo y el almacenamiento de energías renovables. Una política que en su momento incentivó que se realizaran más instalaciones de placas fotovoltaicas. Pero este incremento de las licencias para instalación de placas solares, no se acompasó del fortalecimiento de los servicios de personal para supervisar y dar de alta estas instalaciones solares”.
Para Izquierda Unida, “esta falta de previsión por parte de la Junta ha supuesto un retraso de varios meses para la concesión del boletín que autoriza a la comercialización de excedentes energéticos, lo cual beneficia a las empresas comercializadoras que están teniendo pingües beneficios a costa de quienes han pagado una instalación de generación energética para que las empresas comercializadoras, con la complicidad de la Junta que no hace nada para arreglar este desaguisado, se lucren”.
Después del proceso de legalización de la instalación, que “tendría que ser de un mes y está siendo de tres o más, algunos usuarios siguen teniendo problemas con la comercializadora que no les reconoce el excedente”. Dichas “trabas”, provocan que una inversión media de entre 5.000 y 6.000 euros está siendo rentabilizada por las empresas en lugar de por las personas que hacen esa inversión.
Según datos de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la contribución directa de la fotovoltaica al PIB español fue del 0,4% del mismo, 4.916 millones de euros en 2021. Un “crecimiento que se puede ver afectado por los obstáculos que está poniendo la Junta de Castilla y León que, en lugar de favorecer estas inversiones, está poniendo trabas para que se lleven a cabo”.
