La implantación de la nueva ley de Residuos Urbanos y Suelos Contaminados conllevará un aumento de los impuestos entre los zamoranos de cara al próximo año. Así lo ha anunciado el vicepresidente tercero de la Diputación de Zamora y diputado de Medio Ambiente y Obras, Javier Faúndez Domínguez, tras la reunión mantenida con la Asamblea General del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia.
Hasta ahora, en 2022 sobre la basura que iba posteriormente a vasos de rechazo se estaba pagando a siete euros por tonelada, pero con la entrada en vigor de la nueva normativa se incrementará hasta los 30 euros (más el 10% de IVA, lo que lo eleva a los 33 euros).
Teniendo en cuenta tanto el nuevo impuesto fijado por la ley de residuos y el incremento del IPC, los ayuntamientos zamoranos pasarán a pagar un 76% más por tonelada de residuos pasando de los 33 a los 58 euros por tonelada de cara al próximo año, un incremento por el que desde la institución provincial culpan directamente al Estado bajo la justificar de “incentivar el reciclaje”.
Algo que contrasta con la realidad que impone el Consorcio. En la provincia se viene a recoger anualmente unas 69.000 toneladas, de las que se recicla un 30%. En palabras de Faúndez, “cada año las cifras que presentamos del reciclaje son mejores y lo son porque estamos utilizando una herramienta diferente” y “positivo” en lugar al manido recurso de “echar mano” a impuestos de los que “ninguno podemos escapar”.
La implantación de este nuevo impuesto supondrá un gasto extra en la provincia de Zamora de 1,783 millones de euros. El recibo a Zamora capital se le incrementará en más de 583.000 euros, 163.000 en Benavente, a Toro 97.000, más de 45.000 euros en el caso de Aliste o 141.000 extra en el caso de Tierra del Vino.
Faúndez ha sido directo al señalar al Estado del responsable de implantar este impuesto “en el peor momento posible y en el peor escenario posible”: “Subir de 7 a 33 euros (IVA incluido) el impuesto a la basura para los ciudadanos es un disparate”.
La situación se ha puesto en conocimiento ya de los presidentes de las Mancomunidades y ayuntamientos consorciados para que tengan en cuenta dichas subidas de cara a las próximas reuniones de las asambleas municipales y así “seguir sufragando sus cuotas y poder cubrir los gastos que realmente tienen”.
Desde la Diputación han anunciado tres medidas para tratar de sufragar esta subida y a las que se dará forma en las próximas semanas, si bien avisa: “Esto es una mala noticia, pero no viene tomada por ningún derroche por parte del Consorcio, sino por el desvarío, la falta de criterio y fe sensibilidad del Gobierno de España”.
