El mercado del alquiler en España está experimentando un cambio significativo, según los últimos datos del Observatorio Español de Seguro de Alquiler (OESA). La fidelidad de los inquilinos está en alza, lo que se refleja en el tiempo de duración de los contratos, que ha pasado de una media de 2 años en 2022 a casi cuatro años en la actualidad.
Este aumento en la permanencia de los inquilinos en las viviendas alquiladas responde a dos factores clave: la escasa oferta de vivienda en alquiler y el incremento del precio del mismo. El temor a no encontrar una vivienda alternativa o a enfrentarse a un alquiler más elevado por un inmueble similar está impulsando a los inquilinos a prolongar la duración de sus contratos.
Para el sector del alquiler, este cambio representa una estabilidad deseada. Los propietarios ven cómo aumenta la rentabilidad de sus inmuebles al reducirse la rotación de los inquilinos. Sin embargo, esta tendencia, aunque positiva, no es suficiente para estimular el mercado de manera óptima, ya que está motivada por desajustes como los altos precios y la escasa oferta.
Reforzar la confianza de los propietarios en el mercado del alquiler, destacando la protección ofrecida por los seguros de impago.
Concienciar a los propietarios sobre el aumento del tiempo de los contratos de alquiler, lo que podría incentivarles a sacar sus viviendas al mercado.
Potenciar el apoyo a los Seguros de Impago como herramienta para aumentar la oferta de viviendas y contener los precios.
Impulsar soluciones para que los profesionales inmobiliarios ofrezcan servicios remunerados como la gestión integral del alquiler.
Generalizar la comercialización de seguros inmobiliarios en las agencias para aumentar su facturación y rentabilidad.
Promover la cooperación público-privada para equilibrar las prestaciones en el sector.
Potenciar a los profesionales inmobiliarios como protectores del alquiler, capaces de prevenir engaños y estafas.
Fortalecer el papel de los grandes tenedores como impulsores del alquiler profesionalizado.
Alertar y eliminar del mercado productos que dicen proteger el alquiler pero que no cuentan con el respaldo de los seguros de impago reconocidos por la Administración Pública.
