La prioridad del futuro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será abordar los 98 nombramientos pendientes, incluidos 26 magistrados del Tribunal Supremo, que representan más del 30% de su composición. Este desafío es crucial para el correcto funcionamiento del sistema judicial en España.
El presidente saliente, Vicente Guilarte, ha destacado la necesidad de "despolitizar plenamente" la justicia, subrayando la importancia de estos nombramientos. Una comisión de calificación de cinco vocales informará sobre los nombramientos, que el Pleno deberá aprobar con una mayoría de tres quintos, requiriendo acuerdos entre vocales conservadores y progresistas.
Entre las vacantes del Tribunal Superior de Justicia, 12 corresponden a la Sala de lo Contencioso, 6 a lo Social, 4 a lo Civil, 3 a lo Militar y 1 a la Sala de lo Penal. Además, la Audiencia Nacional presenta dos presidencias vacantes y 27 plazas en la Jurisdicción Militar.
En los Tribunales Superiores de Justicia hay 40 vacantes, que incluyen 8 presidencias y 32 plazas de magistrados. En el caso del de Castilla y León, se necesitan cubrir una presidencia y tres magistrados. En Zamora, están pendientes la presidencia de la Audiencia Provincial y tres plazas de magistrado, lo que subraya la relevancia de estos nombramientos para la región.
Las 30 presidencias de Audiencias Provinciales pendientes incluyen varias en Castilla y León: Burgos, Zamora, Soria y Palencia. El nuevo CGPJ debe abordar estos nombramientos de inmediato para garantizar el funcionamiento eficaz del sistema judicial en todo el país.
