El Consejo de Ministros aprobó hoy el IV Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado (AGE), acordado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.
El plan aprobado hoy pretende eliminar las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la Administración, impulsando la presencia equilibrada de la mujeres y hombres en todas las escalas y categorías garantizando en la igualdad efectiva de trato y de oportunidades, así como en los distintos puestos de trabajo. El documento hará especial énfasis en la brecha salarial, impulsando una auditoría de salarios, así como las medidas de conciliación.
Así, por primera vez en la AGE se realizará un estudio completo de la brecha salarial. Esta medida se acompaña de un plan de actuación vinculante para corregir cualquier diferencia que no responda a criterios objetivos de puesto o desempeño, e incluye la obligación de publicar boletines anuales con medias, medianas y evolución de la brecha.
Este mismo eje también aborda la representación equilibrada en la alta dirección, con una monitorización anual de los puestos de niveles 28 y 30, así como de otros cargos directivos, para garantizar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Entre los 20 objetivos y 45 medidas que recoge el acuerdo, destaca en el ámbito de la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo el refuerzo de los protocolos mediante la formación obligatoria del personal y la mejora de la asesoría confidencial, que contará con cobertura geográfica completa y formación certificada para quienes la integran. CSIF ha sido clave para incluir esta medida en el acuerdo.
BRECHA SALARIAL EN LA ADMINISTRACIÓN
CSIF ya avisó de que en las administraciones públicas, un ámbito que debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es de 32.137 euros, frente a los 35.908 euros que cobran los hombres de media (un 10,5 por ciento inferior). Esta diferencia se ha incrementado en dos puntos respecto al año anterior, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (2021).
La propia Administración del Estado reconoce que pese a que las mujeres superan a los hombres en las oposiciones (un 55 por ciento de los ingresos), se evidencia una mayor concentración femenina en los niveles inferiores de la estructura profesional de los funcionarios. La tendencia se invierte en personal laboral, donde se observa una mayor presencia femenina en los niveles de mayor cualificación de estudios.
El plan también detecta segregación horizontal, observándose una notable predominancia femenina (por encima del 70 por ciento) en Derechos Sociales, Sanidad, Igualdad o Educación, frente a Transportes, transición ecológica, Interior, Defensa o Presidencia (presencia femenina por debajo del 50 por ciento).
Los datos disponibles también muestran que el 76,3% de las excedencias por cuidado familiar fueron solicitadas por mujeres, lo que indica la persistencia de roles de género en la distribución de responsabilidades domésticas. Se recomienda incentivar el uso equitativo de estos permisos para favorecer un cambio cultural en la organización del trabajo y en la vida personal.
El Consejo de Ministros aprobó hoy el IV Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado (AGE), acordado con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado.
El plan aprobado hoy pretende eliminar las desigualdades que puedan persistir en el ámbito de la Administración, impulsando la presencia equilibrada de la mujeres y hombres en todas las escalas y categorías garantizando en la igualdad efectiva de trato y de oportunidades, así como en los distintos puestos de trabajo. El documento hará especial énfasis en la brecha salarial, impulsando una auditoría de salarios, así como las medidas de conciliación.
Así, por primera vez en la AGE se realizará un estudio completo de la brecha salarial. Esta medida se acompaña de un plan de actuación vinculante para corregir cualquier diferencia que no responda a criterios objetivos de puesto o desempeño, e incluye la obligación de publicar boletines anuales con medias, medianas y evolución de la brecha.
Este mismo eje también aborda la representación equilibrada en la alta dirección, con una monitorización anual de los puestos de niveles 28 y 30, así como de otros cargos directivos, para garantizar la presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Entre los 20 objetivos y 45 medidas que recoge el acuerdo, destaca en el ámbito de la lucha contra el acoso sexual y por razón de sexo el refuerzo de los protocolos mediante la formación obligatoria del personal y la mejora de la asesoría confidencial, que contará con cobertura geográfica completa y formación certificada para quienes la integran. CSIF ha sido clave para incluir esta medida en el acuerdo.
BRECHA SALARIAL EN LA ADMINISTRACIÓN
CSIF ya avisó de que en las administraciones públicas, un ámbito que debería ser ejemplar, el salario medio de las mujeres es de 32.137 euros, frente a los 35.908 euros que cobran los hombres de media (un 10,5 por ciento inferior). Esta diferencia se ha incrementado en dos puntos respecto al año anterior, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (2021).
La propia Administración del Estado reconoce que pese a que las mujeres superan a los hombres en las oposiciones (un 55 por ciento de los ingresos), se evidencia una mayor concentración femenina en los niveles inferiores de la estructura profesional de los funcionarios. La tendencia se invierte en personal laboral, donde se observa una mayor presencia femenina en los niveles de mayor cualificación de estudios.
El plan también detecta segregación horizontal, observándose una notable predominancia femenina (por encima del 70 por ciento) en Derechos Sociales, Sanidad, Igualdad o Educación, frente a Transportes, transición ecológica, Interior, Defensa o Presidencia (presencia femenina por debajo del 50 por ciento).
Los datos disponibles también muestran que el 76,3% de las excedencias por cuidado familiar fueron solicitadas por mujeres, lo que indica la persistencia de roles de género en la distribución de responsabilidades domésticas. Se recomienda incentivar el uso equitativo de estos permisos para favorecer un cambio cultural en la organización del trabajo y en la vida personal.
