LALIGA, junto a 36 grandes empresas y organizaciones del ecosistema deportivo y audiovisual europeo, ha enviado una carta a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica y la Seguridad, y a Glenn Micallef, comisario de Juventud, Cultura y Deporte. En ella, urgen a la Unión Europea a adoptar medidas legislativas concretas, vinculantes y con resultados tangibles en la lucha contra la piratería.
El manifiesto conjunto advierte que las medidas voluntarias y las acciones privadas ya no son suficientes ante la creciente sofisticación de las redes pirata. Por ello, reclaman una respuesta legislativa inmediata y coordinada que ampare a los titulares de derechos frente a un fenómeno que causa pérdidas millonarias cada año.
Entre las demandas principales, los firmantes piden que los intermediarios tecnológicos, como plataformas de alojamiento, VPN, CDN o tiendas de aplicaciones, estén obligados a eliminar emisiones ilegales en un plazo máximo de 30 minutos, y siempre antes de que finalice el evento deportivo. También solicitan que se establezcan bloqueos dinámicos en vivo en todos los Estados miembros y que se apliquen políticas de verificación de usuarios (KYBC) para evitar el anonimato de quienes facilitan contenido ilegal.
La carta también reclama una aplicación efectiva de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y que los organismos competentes de cada país otorguen a las entidades firmantes el estatus de “denunciantes de confianza”, lo que permitiría agilizar las notificaciones y retiradas de contenido ilegal.
Según los datos presentados a la Comisión, en 2024 el 81% de las transmisiones ilegales detectadas en Europa no fueron suspendidas, y menos del 3% se eliminaron en los primeros 30 minutos tras la notificación. Las pérdidas anuales superan los 2.200 millones de euros en Italia, 1.800 millones en Alemania, 1.500 millones en Francia y hasta 700 millones en España, solo en lo que respecta a los clubes de LALIGA.
Además del impacto económico, el documento advierte que la piratería erosiona los ingresos fiscales que sostienen servicios públicos y pone en riesgo a los consumidores, expuestos a malware, robo de datos o contenidos inapropiados en plataformas no autorizadas.
“Para que la competencia leal, la innovación y la responsabilidad prosperen, el contenido debe estar protegido”, concluyen los firmantes, que instan a la UE a actuar de forma decidida frente a una amenaza que afecta tanto a la industria como a la sociedad.
