La caída generalizada del suministro eléctrico que afectó este lunes a buena parte del territorio nacional ha obligado al Ministerio de Hacienda a tomar una medida de urgencia: ampliar el plazo para cumplir con varios trámites clave ante la Agencia Tributaria. La decisión se produce después de que la avería dejara sin acceso durante horas a los servicios digitales de la AEAT, lo que impidió a numerosos ciudadanos presentar documentos, pagar impuestos o atender requerimientos dentro del plazo establecido.
Así, todos aquellos procedimientos que tenían como fecha límite el lunes 28 o el martes 29 de abril podrán ahora realizarse hasta este miércoles 30 de abril, sin que ello conlleve sanción ni recargo alguno. La prórroga afecta a un amplio abanico de trámites, desde la presentación de declaraciones y liquidaciones fiscales hasta el envío de alegaciones en procedimientos tributarios o aduaneros, pasando por el pago de deudas pendientes y la interposición de recursos de reposición.
En definitiva, Hacienda da un respiro de 24 horas a los contribuyentes ante una situación que califica de “incidencia técnica sobrevenida y ajena a la voluntad de los administrados”. Según fuentes del Ministerio, el apagón afectó tanto a la sede electrónica de la Agencia Tributaria como a otros sistemas de atención telemática, lo que generó un colapso que ha tenido consecuencias inmediatas en el cumplimiento de obligaciones fiscales.
La medida, que entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado, se aplicará de forma automática y sin necesidad de que el afectado presente solicitud alguna. Se trata, según destacan desde Hacienda, de una fórmula “excepcional pero necesaria” para garantizar que ningún contribuyente se vea perjudicado por causas fuera de su control.
Aunque los sistemas informáticos ya han comenzado a restablecerse, desde el Ministerio aseguran que se sigue trabajando para recuperar la normalidad total cuanto antes. En paralelo, insisten en que esta ampliación de plazo es una muestra del “compromiso con la seguridad jurídica y la equidad en el trato a los contribuyentes”.
