El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley con un paquete de medidas extraordinarias en materia de Seguridad Social para apoyar a los trabajadores autónomos y a las empresas afectadas por los incendios forestales registrados durante la actual campaña. El objetivo es aliviar el impacto económico de la emergencia en aquellos municipios donde las llamas hayan obligado a adoptar medidas de protección civil, como evacuaciones, confinamientos o restricciones de acceso.
Entre las principales novedades, los autónomos que hayan cesado total o parcialmente su actividad como consecuencia de los incendios podrán solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad sin necesidad de acreditar la existencia de fuerza mayor, lo que agilizará el acceso a esta ayuda. La prestación tendrá efectos económicos desde el 22 de julio de 2026, o desde la fecha en la que se produjo el cese efectivo de la actividad, y podrá prolongarse durante un máximo de cuatro meses. Además, el tiempo de percepción de esta ayuda no consumirá el periodo ordinario de prestación y se considerará cumplido el requisito mínimo de cotización exigido por la normativa.
El Real Decreto-ley también contempla un importante respaldo para las empresas. Aquellas que desarrollen su actividad en municipios afectados y obtengan la autorización de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por las consecuencias de los incendios podrán beneficiarse de una exención del 100% de la aportación empresarial a la Seguridad Social correspondiente a las cuotas de los meses de agosto a noviembre de 2026 para los trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que estas medidas pretenden ofrecer "una respuesta extraordinaria y urgente a trabajadores y empresas de los municipios afectados por esta catástrofe", con el fin de que puedan hacer frente a las consecuencias inmediatas derivadas de los incendios tras haber visto alterada de forma significativa su actividad y su vida cotidiana.
Las medidas serán de aplicación en los casos de incendios forestales que den lugar a la adopción de medidas de protección civil que afecten a la población durante la campaña de alto riesgo de incendios de 2026, reforzando así la protección social de quienes se hayan visto perjudicados por esta emergencia.
