Cada verano se repite la misma escena. Llega agosto y España parece detenerse.

Los parlamentos suspenden su actividad ordinaria. Muchos juzgados reducen su funcionamiento al mínimo indispensable. Las administraciones trabajan a medio gas. Los plenos desaparecen de las agendas políticas y el debate público se toma vacaciones.

Mientras tanto, hay otra España que no entiende de calendarios. La del autónomo que abre su negocio porque si no factura, no come. La del camarero que dobla turnos porque es temporada alta.

La del agricultor que no puede decirle a la cosecha que espere a septiembre. La del camionero que sigue recorriendo miles de kilómetros. La del médico, el enfermero, el policía, el guardia civil, el bombero o el personal de emergencias que continúan trabajando exactamente igual un 15 de agosto que un 15 de febrero.

Hay profesiones donde el servicio no entiende de puentes ni de vacaciones.

Y quizá esa sea la mayor diferencia.

¿Quién puede cerrar un mes entero?

España habla continuamente de productividad. Del absentismo. De las bajas laborales. De las horas extraordinarias. De la conciliación.

Pero rara vez se abre un debate igual de profundo sobre cuánto trabajan realmente quienes toman las decisiones que afectan al resto.

¿Cuántos días sesionan las Cortes Generales?

¿Cuántas semanas al año celebra plenos el Congreso?

¿Cuánto tiempo permanece cerrado el Parlamento Europeo?

¿Es razonable que buena parte de la actividad política e institucional quede prácticamente paralizada durante agosto?

Son preguntas legítimas en una democracia. Y que parece asumidas en su respuesta, aunque quizá ya que son un servicio público deberían de estar si o también.

El coste de la representación

Los diputados nacionales perciben una asignación base que supera los 3.200 euros mensuales, a la que se añaden complementos por cargo, dietas, desplazamientos y otras indemnizaciones según las responsabilidades y circunstancias de cada parlamentario. Una media de 7.000 euros es lo que cobran euro arriba o euro abajo.

En el Parlamento Europeo, la retribución mensual supera los 10.000 euros brutos, además de dietas por asistencia, gastos de oficina y otros conceptos previstos por la normativa comunitaria.

Todo ello es público y transparente. La cuestión no es cuánto cobran.

La verdadera pregunta es si los ciudadanos perciben que ese salario guarda relación con la dedicación, la productividad y los resultados obtenidos. Y por supuesto el salario de estos parlamentarios se sustentan con los impuestos de todos.

Porque el sueldo de un cargo público no debería escandalizar si el servicio prestado estuviera a la altura de la responsabilidad asumida.

La Justicia tampoco puede esperar

La llamada "habilidad" del mes de agosto en los juzgados deja cada año miles de procedimientos ralentizados, salvo aquellos considerados urgentes por la ley.

Es una organización prevista por el sistema judicial.

Pero quien espera una sentencia sobre un despido, una reclamación económica, un conflicto familiar o un procedimiento civil difícilmente entiende que su problema pueda quedar prácticamente congelado durante semanas. Porque es agosto.

La Justicia tarda demasiado durante el resto del año como para permitirse más pausas de las imprescindibles.

Los que siempre están

Mientras tanto, el pequeño empresario sigue levantando la persiana.

No cobra dietas. No dispone de coche oficial y hacienda cuestiona el uso muchas veces de la furgoneta o del coche del comercial que incluso rotulado es cuestionado.

No tiene asesores. No cuenta con vacaciones garantizadas, solo de fin de semana en a lo mejor una semana...hay un descanso pero siempre con el teléfono y el portátil a mano.

Si enferma, pierde ingresos. Si cierra, deja de facturar.Y si las cosas salen mal, responde con su patrimonio. Esa es la realidad de cientos de miles de españoles. Otra muy difrerente es la de los políticos.

El verdadero servicio público

Quizá haya llegado el momento de revisar algunos conceptos. El servicio público debería medirse por la disponibilidad, la eficacia y los resultados. No por el calendario. Porque cuando hay un incendio nadie pregunta si el bombero estaba de vacaciones.

Cuando alguien sufre un infarto, el médico no responde que vuelva en septiembre. Cuando ocurre un accidente, el guardia civil no consulta si ese día había pleno. Hay profesiones que no pueden detenerse porque sostienen el funcionamiento del país. La política debería aspirar a esa misma vocación de servicio.

No porque los representantes públicos no tengan derecho al descanso —que lo tienen como cualquier trabajador—, sino porque la ciudadanía también tiene derecho a unas instituciones que funcionen con continuidad, especialmente cuando cobran de manera continuada durante todo el año.

España no necesita políticos que trabajen más horas por aparentar, sino que sean gestores de la confianza depositada en las urnas a las que luego ruegan que salgan los votos de uno u otro color.

El país, necesita instituciones que funcionen todos los meses del año con la misma intensidad con la que trabajan quienes, sin focos ni titulares, mantienen el país en pie incluso cuando el resto está de vacaciones.