El Gobierno ha decidido que los trabajadores que cobren el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán que tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a pesar de las voces que pedían lo contrario. Esta medida implica que, por primera vez, las personas que reciban el salario mínimo estarán sujetas a este impuesto, lo que supone un cambio importante en la política fiscal.
Este giro de última hora se da después de un debate interno en el Gobierno, donde la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha impuesto su criterio sobre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Montero se mostró a favor de mantener el actual umbral de exención del IRPF, lo que implica que los perceptores del SMI seguirán tributarán como cualquier otro trabajador.
El contexto de esta decisión es la reciente firma del acuerdo para la subida del SMI en 2025, pactado entre Yolanda Díaz y los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. El acuerdo fija el nuevo salario mínimo en 16.576 euros brutos al año, lo que representa un aumento con respecto al nivel actual. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda argumenta que adaptar el IRPF a la subida del SMI crearía un agujero fiscal de más de 1.000 millones de euros, por lo que se ha descartado modificar el mínimo exento para este colectivo.
Esta medida genera un debate dentro del Gobierno, ya que Yolanda Díaz y los sindicatos consideran que una subida del SMI no debería implicar un aumento de la carga fiscal para los trabajadores con menores ingresos. Sin embargo, la decisión tomada por Hacienda deja claro que no habrá cambios en este sentido, al menos por el momento.
