El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un proyecto de reforma de la Constitución Española con el objetivo de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, una iniciativa que ahora será remitida a las Cortes para su tramitación parlamentaria.
La propuesta incorpora un nuevo apartado al artículo 43, en el que se establece que los poderes públicos deberán garantizar el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, asegurando además los recursos sanitarios necesarios para su aplicación.
Desde el Ejecutivo se subraya que la medida busca evitar las actuales desigualdades entre comunidades autónomas en el acceso a este servicio, una situación que, según datos del Ministerio de Sanidad, refleja diferencias significativas en su prestación dentro del sistema público de salud.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la reforma señalando que el objetivo es asegurar el ejercicio efectivo del derecho más allá de su reconocimiento legal, reforzando su protección dentro del marco constitucional y alineando a España con otros países europeos que ya han avanzado en esta materia.
El proyecto deberá ahora superar un complejo proceso parlamentario, ya que su aprobación exige mayorías cualificadas en el Congreso y el Senado, además de posibles mecanismos adicionales de revisión o referéndum si no se alcanzan los consensos necesarios.
En paralelo a esta iniciativa, el Gobierno ha aprobado también una ampliación de 180 millones de euros destinados al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con el fin de reforzar los recursos de prevención, atención y acompañamiento a las víctimas en comunidades autónomas y ciudades autónomas.
El Ejecutivo ha enmarcado estas decisiones dentro de una estrategia más amplia de refuerzo de los derechos sociales y de igualdad, que incluye también medidas de respuesta ante los efectos de las recientes borrascas que han afectado a distintos puntos del país.
