En apenas una semana, el precio del gasóleo ha llegado a incrementarse hasta 45 céntimos por litro, una subida abrupta que ha sorprendido a consumidores y transportistas y que vuelve a poner el foco en el funcionamiento del mercado energético.
El detonante ha sido la tensión geopolítica en Oriente Medio y el temor a que el conflicto afecte al estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores petroleros del planeta. Sin embargo, la rapidez con la que han subido los precios en las estaciones de servicio contrasta con la evolución del propio mercado del crudo.
El barril llegó a dispararse hasta el entorno de 120 dólares en los momentos de mayor tensión, pero posteriormente corrigió su escalada y se ha estabilizado en torno a los 90 dólares. Aun así, el combustible en surtidor ya había iniciado su ascenso, dejando una sensación cada vez más extendida: los precios suben rápido, pero bajan mucho más despacio.
El miedo al cierre de Ormuz
La amenaza de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz ha sido suficiente para activar la alarma en los mercados. Por ese paso marítimo transita cerca de un tercio del petróleo mundial, lo que convertiría cualquier interrupción en un problema energético global.
Pero mientras las bolsas reaccionan con subidas y correcciones casi inmediatas, la economía real tarda más en ajustarse. El resultado se ve en los surtidores: subidas fulgurantes que afectan directamente al bolsillo del ciudadano.
En un país como España, donde el transporte por carretera mueve buena parte de la economía, el impacto es inmediato. Agricultores, transportistas y autónomos ven cómo el coste del combustible vuelve a dispararse en cuestión de días.
Las petroleras bajo sospecha
Cada crisis internacional reabre el mismo debate: si las petroleras anticipan subidas aprovechando el clima de incertidumbre. El mercado energético funciona en gran medida por expectativas, pero esa lógica choca con la percepción ciudadana cuando las subidas llegan antes que los incrementos reales del petróleo.
El contraste se observa después en las cuentas de resultados de las grandes energéticas, que año tras año presentan beneficios multimillonarios. Para muchos consumidores, esa realidad alimenta la sensación de que el sistema permite que el miedo se convierta en negocio.
El Gobierno estudia limitar los precios
Ante esta situación, el Gobierno español ya analiza medidas extraordinarias para frenar la escalada de precios, entre ellas la posibilidad de establecer un tope al precio de los combustibles, un sistema similar al que aplica Croacia en momentos de tensión energética.
La fórmula consistiría en limitar temporalmente el precio máximo de venta para evitar subidas abruptas derivadas de la especulación o de movimientos bruscos del mercado internacional.
España, además, cuenta con una red estratégica de reservas de hidrocarburos que permite garantizar alrededor de 90 días de suministro, lo que ofrecería cierto margen para intervenir si la situación se descontrola.
El consumidor, siempre el último
Mientras los mercados reaccionan a cada anuncio político o militar y las petroleras presentan resultados millonarios, el consumidor vuelve a quedar en el último eslabón de la cadena.
Cada céntimo que sube el litro de combustible termina repercutiendo en el precio del transporte, de los alimentos y de buena parte de los servicios básicos. Y cuando el incremento llega a 45 céntimos en apenas una semana, la pregunta vuelve a surgir con fuerza:
Si el petróleo ya ha corregido su precio en los mercados internacionales, ¿por qué el combustible sigue subiendo en las gasolineras?
Esa es la incógnita que vuelve a abrir el debate sobre el funcionamiento real del mercado energético y sobre si, en momentos de crisis global, los gobiernos deben intervenir con mayor contundencia para proteger al consumidor.
