La responsable de Trabajo ha comenzado su intervención destacando el "orgullo que supone para el Gobierno traer a esta Cámara una norma que repara la discriminación histórica de las personas trabajadoras del hogar y que representa el compromiso de la sociedad española con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres".
La nueva norma, que ha obtenido un apoyo casi unánime sin ningún voto en contra en el Congreso, permite que, por fin, se equiparen los derechos de las personas trabajadoras al servicio del hogar con el resto de asalariados y asalariadas. La igualdad, como ha señalado Díaz, "es el proyecto más ambicioso que una sociedad puede tener. Y esta norma consagra esa prioridad de nuestro Gobierno, la misma que impulsó hace casi dos años el RD 902/2020 para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres".
Labor esencial
Las trabajadoras del servicio doméstico han desarrollado una labor fundamental y no reconocida durante décadas que se ha demostrado, aun más esencial si cabe, durante la pandemia.
"Nuestra democracia ha consentido una zona de sombra, ajena al trabajo digno y a los derechos laborales. Y ha recluido en ese espacio siniestro, aisladas, a miles y miles de mujeres, mientras promulgábamos la importancia fundamental de los cuidados que realizan", ha enfatizado la vicepresidenta segunda.
Avanzar en derechos
La norma convalidada hoy en el congreso da cumplimiento al Convenio 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya ratificado por el Congreso de los Diputados.
Se equipara el derecho de las trabajadoras del hogar al del resto de las personas trabajadoras para acceder a la prestación por desempleo "la desigualdad más flagrante que sufría este colectivo" en palabras de Díaz. Cotizarán de manera obligatoria, por tanto, por desempleo y por Fondo de Garantía Salarial que permitirá proteger sus derechos en caso de una eventual insolvencia de la persona empleadora. El sistema de bonificaciones previsto evita el posible impacto para las familias que supondría asumir el coste total de estas cotizaciones.
Desaparece la figura del desistimiento como fórmula de extinción de la relación laboral que deberá atender a situaciones relacionadas con el cambio de circunstancias esenciales de la unidad familiar o con la pérdida de confianza.
Una cuestión no menor supone el acceso al derecho a la salud en el trabajo. Las trabajadoras del hogar también verán equiparados sus derechos en la prevención de riesgos laborales. La creación de la Comisión para la integración de la perspectiva de género en el listado de enfermedades profesionales, prevista en el nuevo texto, ahondará en la materia evitando los sesgos de género.
Finalmente, Yolanda Díaz ha concitado el apoyo del Congreso para "reparar lo que está dañado en nuestra sociedad, tender la mano a todas esas mujeres que, apartadas injustamente de los derechos y garantías que les correspondían, podrán hoy aspirar a un trabajo digno y a una vida más tranquila".
