La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige la creación de la figura del delegado o delegada sindical especializado en igualdad y atención a los casos de violencia género, que actuarían como agentes de prevención, asesoramiento y apoyo a las víctimas en empresas y Administración.
Con motivo de la jornada parlamentaria del Grupo Socialista celebrada hoy en el Congreso de los Diputados, CSIF señala que la implicación de los/as delegados especializados permitiría avanzar en la detección, atención y apoyo jurídico a las mujeres que sufren este tipo de violencia. Por esta razón, desde CSIF estamos formando a delegados/as sindicales en esta materia. A nuestros servicios de ayuda, llegan a diario consultas sobre cómo actuar cuándo se detectan signos visibles de violencia, abatimiento y faltas al trabajo.
Al hilo de esta propuesta, desde CSIF esta negociando un protocolo contra la violencia de género en la Administración General del Estado con el que pretendemos ofrecer asistencia jurídica y psicológica a las empleadas públicas que la sufran y que los centros de trabajo actúen de enlace con las oficinas de asistencia a las víctimas cuando se detecte un caso entre las trabajadoras.
Necesidad de renovar el Pacto de Estado
En línea con la jornada organizada por el Grupo Socialista, CSIF plantea la necesidad de renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Uno de los aspectos que hemos detectado, a raíz de la pandemia, es la expulsión de las mujeres del mercado laboral, una circunstancia que reduce su independencia económica e incrementa su vulnerabilidad ante la violencia de género.
De hecho, la Fiscalía General del Estado -en su última Memoria de 2020- muestra su preocupación por las mujeres víctimas de violencia de género, debido al mayor riesgo que supuso el confinamiento con sus agresores y aboga por arbitrar medidas de asistencia, apoyo y protección.
La gravedad de la violencia vicaria requiere también la protección adecuada a los/as menores que son víctimas de esta lacra. En concreto, durante 2020 fueron asesinadas 47 mujeres, la violencia de género dejó 28 huérfanos/as y otros tres menores fueron asesinados por sus padres, mientras que cinco resultaron heridos graves, según los datos de la Fiscalía.
Consenso y nuevas medidas
Desde el sindicato, por otra parte, vemos con preocupación la ruptura del consenso en el debate político y que afecta tanto a la definición en sí misma de la violencia de género, como a su origen o a las herramientas para combatirla. Defendemos que la violencia machista no se puede cuestionar ni relativizar en ningún caso.
Por eso reclaman:
Relanzar el Pacto de Estado y un pacto social por la eliminación de la violencia contra la mujer.
Delegado/a especializada en Igualdad y violencia de género en cada centro de trabajo como figura asimilada a los delegad@s de prevención de riesgos laborales.
Que se destinen partidas específicas dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinadas a dotar de medios la Justicia.
Que los fondos del pacto de estado en materia de violencia de género lleguen de manera efectiva a los Juzgados.
Programas específicos en materia de formación en asistencia a las víctimas, especialización en los perfiles y que se agilicen los procedimientos por esta causa.
Que los planes de reconstrucción social incluyan medidas contra la violencia de género.
