Además del cobro por el equipaje de mano, las multas incluyen otras tres prácticas ilícitas: la imposición de cargos adicionales por la selección de asientos cuando se viaja con personas dependientes, la prohibición de pagos en efectivo en aeropuertos y la falta de transparencia en la información de precios. Estas infracciones, según FACUA, han sido calificadas como muy graves y graves.
Las aerolíneas sancionadas han anunciado que preparan recursos de alzada y no descartan acudir a la vía judicial. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), consideran que estas sanciones "desproporcionadas" obligarían a 50 millones de pasajeros a contratar servicios adicionales que no necesitan, perjudicando así a los consumidores.
FACUA presentó su primera denuncia ante Consumo en octubre de 2021, apuntando a Vueling por el cobro de equipaje de mano. Anteriormente, en 2018, había denunciado a Ryanair y Wizzair ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y la CNMC sin recibir respuesta. Las irregularidades también fueron denunciadas ante autoridades autonómicas de consumo, como la Dirección General de Consumo del Govern balear, que derivó los casos al Ministerio de Consumo para una evaluación nacional.
En marzo de 2021, Baleares abrió un expediente sancionador a Ryanair, seguido de otro a Vueling en abril de 2022, y posteriormente a EasyJet y Volotea. Sin embargo, estos expedientes fueron archivados el año pasado para que el ministerio impusiera las sanciones correspondientes.
El Ministerio de Consumo también investigó a las aerolíneas por no permitir pagos en efectivo y por cobrar tarifas adicionales a menores y personas dependientes para que viajen junto a sus acompañantes. Según FACUA, estas prácticas vulneran la Ley de Navegación Aérea y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establecen que el transporte de equipaje de mano en cabina debe ser gratuito salvo por razones de seguridad.
