Esta mañana, la Abogacía General del Estado presentó una querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, en representación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La acción legal surge en el contexto de una investigación en la que Sánchez debía comparecer como testigo en el caso que afecta a su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y corrupción.
El juez Peinado había sido asignado para tomar declaración a Sánchez en La Moncloa, después de que se rechazara la opción de una declaración escrita. Sánchez decidió no responder a las preguntas, amparado por su derecho legal a no declarar.
Desde el ámbito socialista, se ha criticado con dureza la actuación del juez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado a Peinado de manipular la ley, mientras que la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha tildado el proceso de "causa política".
La querella, presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sostiene que Peinado dictó resoluciones consideradas injustas en el contexto de la investigación sobre Gómez. En particular, se cuestiona la decisión del juez de extender el ámbito de la investigación a todos los actos y conductas realizados por Gómez desde que su esposo asumió la presidencia del Gobierno, como lo señalaba la denuncia inicial presentada por el sindicato Manos Limpias.
