Algo se mueve en Bruselas. En el compacto bloque de las normativas tan restrictivas de la PAC que regula la producción agropecuaria comienzan a aparecer algunas grietas. La Comisión Europea estudia desechar las estrictas normas de bienestar animal que exige a las granjas europeas, como la prohibición uso de jaulas para el ganado, la matanza de pollos de un día y la venta y producción de pieles, según una información del rotativo inglés The Financial Times, en la que cita como fuentes a varios funcionarios comunitarios.
Para la Alianza UPA-COAG, si finalmente la UE abandona sus planes para endurecer las normas de bienestar animal, se iría en la buena dirección, pues hoy, la observancia de tales disposiciones supondría un sobrecoste productivo superior al 15 por ciento en cada explotación ganadera. Además, la aplicación de las nuevas normas encarecería el precio de la carne de cerdo, pollo y conejo entre el 20 y el 30 por ciento, abundando en la escalada del precio de los alimentos, y por ende, en la consolidación de una inflación disparada que está lastrando la economía continental, acrecentando las dificultades de millones de ciudadanos para llenar la nevera. Unos efectos perversos que se agravarán con la pretensión de la UE de alcanzar en 2030 un 25 por ciento de la superficie agraria cultivada en producción ecológica.
UPA-COAG considera que la crisis crónica que vive el sector primario se asienta sobre un taburete de tres patas. Si bien dos de ellas, como son la sequía y el desmesurado coste de los medios productivos, no gozan de horizontes de esperanza a medio plazo, la tercera, las imposiciones y condicionantes medioambientales de la PAC que lastran la rentabilidad de la actividad agropecuaria, pudiera ser que gozara de una cierta relajación, si se confirman estas informaciones.
Hace unos días, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró proclive a flexibilizar la normativa que sobreprotege al lobo en detrimento de las cabañas ganaderas, acosadas por los ya habituales ataques de los cánidos a las reses. Las declaraciones de la responsable de la Comisión podrían incidir en la racionalización de esta ley que tanto perjudica a los ganaderos de Castilla y León.
Y ahora salta esta otra señal. The Financial Times publicaba este lunes la información referida, elaborada a partir de una filtración de técnicos comunitarios, en la que anuncia la existencia de un debate abierto en el seno de la Comisión acerca de desechar sus planes para endurecer el nivel de exigencia de las medidas de bienestar animal a las explotaciones ganaderas.
La tesis oficial es que dicha suavización se haría para que el sobrecoste que supone su aplicación no repercuta más en la escalada del precio de los alimentos y contribuya a engordar una inflación ya muy elevada. UPA-COAG considera que mantener objetivos tan ambiciosos en las normas de producción interna de alimentos podría arruinar no sólo a miles de explotaciones ganaderas, sino a millones de consumidores en la UE.
Tampoco debemos olvidar que el próximo mes de junio se celebran unas elecciones al Parlamento Europeo que no solo renovarán o confirmarán a los diputados de esta cámara comunitaria, sino que también iniciarán el proceso de renovación de los principales organismos europeos, incluido el propio Gobierno de la Unión Europea, esto es, la Comisión Europea.
Por otra parte, las cada vez más reiteradas protestas de los agricultores y los ganaderos (las últimas celebradas recientemente en Córdoba aprovechando la reunión informal de ministros de Agricultura), han hecho ver con nitidez a los responsables de la UE que las medidas que exigen para preservar el medio ambiente en el campo van más allá de lo razonable y dificultan la obtención de rentas dignas.
La Alianza UPA-COAG y los ganaderos en su conjunto nunca han considerado adecuado extremar las medidas de bienestar animal ya existentes, y siempre han defendido (y así lo ha corroborado también el Copa-Cogeca, que representa a los agricultores y ganaderos en Bruselas,) que en caso de adoptarse sería imprescindible que vinieran acompañadas de ayuda financiera para implementarlas y que las mismas normas se aplicasen también a la carne importada de terceros países.
En este sentido, el propio Copa-Cogeca advierte, al hilo del Pacto Verde que profundiza en la maltrecha productividad agraria, de la "distancia cada vez mayor entre Bruselas y las zonas rurales" y condena el "enfoque punitivo (de la Comisión) que no habla de soluciones concretas, facilitadores y viabilidad financiera".