UGT ha alertado de que en Castilla y León se ha consolidado una práctica fraudulenta en la contratación que afecta a miles de trabajadores. Según datos del sindicato, en los seis primeros meses de 2025 se han registrado 25.000 bajas de empleados con contrato indefinido al no superar el periodo de prueba, lo que consideran la mayor bolsa de fraude laboral en la comunidad.
La organización sindical denuncia que las empresas utilizan esta vía para evitar el pago de indemnizaciones. “Se trata de un fraude de Ley convertido en práctica habitual”, advierten, y exigen a la Inspección de Trabajo que actúe con sanciones contundentes.
El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores permite un periodo de prueba de hasta seis meses para técnicos titulados y de dos meses para el resto de empleados, con la excepción de tres meses en compañías de menos de 25 trabajadores. Europa ya se ha pronunciado sobre la necesidad de limitar estos plazos, que en España siguen siendo más amplios que en otros países.
La reforma laboral de 2022 logró reducir la temporalidad en Castilla y León, pasando del 25,2% en 2018 al 16,4% en 2024. Sin embargo, UGT sostiene que esta mejora se ha visto empañada por un uso masivo de los periodos de prueba como alternativa para abaratar despidos. Las empresas, apuntan, formalizan contratos indefinidos pero extinguen la relación laboral antes de que termine el plazo de prueba, consiguiendo así eludir tanto la indemnización del contrato indefinido como la del temporal.
El sindicato advierte de que esta situación golpea con mayor fuerza a jóvenes, mujeres e inmigrantes, colectivos más expuestos a la precariedad laboral. Por ello, reclaman una modificación del Estatuto de los Trabajadores que acote de forma más estricta la duración y el uso del periodo de prueba. “¿Para cuándo un periodo de prueba para los empresarios?”, cuestionan desde UGT, que insiste en la necesidad de garantizar un empleo estable y con condiciones justas.
