UGT acusa a la Junta de cuadruplicar el gasto en helicópteros medicalizados “más viejos” sin solucionar ante los problemas laborales

El sindicato considera “inaceptable” que la Junta siga sin resolver los graves problemas estructurales del transporte sanitario aéreo, cuyos trabajadores siguen en huelga, al mismo tiempo que adjudica un contrato de 95,4 millones de euros para el servicio de helicópteros medicalizado
Helicóptero sanitario
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En este sentido, en UGT Servicios Públicos de Castilla y León tienen claro que “más gasto no significa mejor servicio ni más seguridad” porque, tal y como ha indicado la secretaria del sector de transporte sanitario del sindicato, Marta Vian, se incrementa la edad media de la flota, que pasa de los 12 del contrato anterior a casi 19 con la nueva licitación por lo que “la Junta paga cuatro veces más por helicópteros más viejos”

Así, consideran una “contradicción flagrante” que la Junta de Castilla y León anuncie la mejora de la cobertura con diez helicópteros y uno de reserva, pero no garantice ni la “renovación real de los aparatos ni la estabilidad de sus tripulantes”. Porque, además, la empresa adjudicataria, una UTE de Avincis, no está obligada a aportar helicópteros nuevos, es decir, que “los castellanos y leoneses seguirán dependiendo de una flota envejecida mientras se destinan cifras récord a la subcontratación”.

Por eso, para el sindicato, es “incomprensible que la Junta multiplique el gasto en contratos privados mientras mantiene a los profesionales en condiciones indignas, con salarios congelados durante una década y un alto porcentaje de falsos autónomos, y sin reconocerles como parte del sistema públicos de emergencias”.

Esto es lo que ha llevado a UGT Servicios Públicos de Castilla y León a exigir a la consejería de Sanidad que “rinda cuentas” sobre los criterios técnicos, la edad y procedencia de cada aeronave, y que publique la planificación real del servicio, incluyendo las bases, tiempos de respuesta y dotaciones hospitalarias de aterrizaje. Por otra parte, también reclama a la administración autonómica que “se avance hacia un modelo público de transporte sanitario aéreo que integra a estos profesionales en el sistema sanitario autonómico”, tal y como ocurre con el resto del personal que trabaja en las emergencias sanitarias públicas.

Para concluir, desde el sindicato manifiestan que lo que Castilla y León necesita “no son contratos millonarios ni titulares propagandísticos” sino un “servicio público de emergencias seguro, eficaz y gestionado con transparencia y que cuide tanto a sus profesionales como a la ciudadanía”.

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