El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado ilegal el "Plan de Aprovechamientos Comarcales de Lobo en los terrenos cinegéticos al norte del río Duero", autorizando la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022.
ASCEL, organización dedicada a la protección del lobo ibérico desde el año 2000, interpuso este recurso judicial en 2019, desafiando la legitimidad de un plan que permitía la caza indiscriminada del lobo como método de control de población. Tras revisiones de los tribunales español y europeo, el TSJCyL ha sentenciado en favor de la protección de la especie, subrayando que la gestión del lobo debe basarse en criterios científicos, no en decisiones políticas.
La sentencia del TSJCyL da un giro definitivo en la gestión del lobo ibérico en Castilla y León, respaldada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en julio de 2024 ya había cuestionado la legalidad de los cupos de caza de la Junta. El tribunal europeo dictaminó que la situación de "estado de conservación desfavorable" del lobo en España se debe a políticas regionales que han priorizado intereses específicos sobre la conservación de la biodiversidad.
La sentencia reciente no sólo anula el plan de caza, sino que también pone fin a una larga etapa de decisiones controvertidas de la Junta de Castilla y León, que desde 2008 permitió la caza de 1.847 lobos en la región. En su comunicado, ASCEL considera esta gestión un "despilfarro de dinero público", que ha ignorado sistemáticamente la importancia ecológica del lobo y ha actuado en detrimento de la biodiversidad.
ASCEL señala en su comunicado a responsables como el Consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones y el Director General del Medio Natural, José Ángel Arranz, como principales responsables de esta gestión, a quienes acusan de haber actuado en función de intereses particulares y votos políticos, en lugar de preservar una especie de gran relevancia para el ecosistema. ASCEL exige que asuman su responsabilidad, reconozcan el daño ecológico causado y consideren su dimisión.
Además, ASCEL denuncia la falta de transparencia y rigor científico en la gestión de la especie y reclama políticas que velen por la protección del lobo, al igual que sucede con otras especies emblemáticas de la fauna ibérica, como el oso pardo o el lince ibérico. Según ASCEL, la sociedad española y europea está indignada ante el daño infligido a esta especie, considerada de "interés comunitario" por la Unión Europea.
Para ASCEL, esta sentencia es un gran paso en la historia de la conservación del lobo ibérico en España y marca el fin de una época en la que el lobo ha sido gestionado en Castilla y León como un recurso cinegético y no como un elemento esencial del patrimonio natural. La asociación destaca su compromiso con la protección del lobo y asegura que seguirá luchando para que en todo el territorio nacional se respeten los derechos de la biodiversidad frente a los intereses económicos que amenazan el futuro de esta especie y, por ende, el equilibrio natural de los ecosistemas españoles.
Con esta sentencia, el TSJCyL establece un precedente que, según ASCEL, debe guiar la gestión de fauna en las demás regiones españolas.
