El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha presentado en las Cortes el Plan Anual de Fiscalizaciones para 2025, que pone el foco en sectores clave como la educación, la financiación del gasto social y la digitalización. El programa incluye 17 nuevos informes y la finalización de 34 auditorías previas, lo que eleva a 51 el total de trabajos en curso.
El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha destacado que este plan sigue una "orientación constructiva" y busca profundizar en los fundamentos competenciales de la Comunidad. Sin embargo, ha subrayado la necesidad de reforzar la dotación presupuestaria del Consejo para garantizar el funcionamiento de la Autoridad Independiente en materia de corrupción, creada en 2024.
El Plan Anual de Fiscalizaciones de 2025 contempla 16 fiscalizaciones y un informe anual de seguimiento de recomendaciones. A esto se suman 34 auditorías procedentes de ejercicios anteriores, abarcando ámbitos como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Según ha detallado Amilivia, la ejecución del plan superará el año natural debido a su envergadura, aunque se espera iniciar todas las actuaciones dentro de 2025.
En el sector público autonómico, se analizará la situación económico-financiera de la Comunidad y la ejecución del gasto, con especial atención a la ciberseguridad en la Universidad de Burgos y a la gestión del personal en las universidades públicas. También se estudiará el endeudamiento de la Administración autonómica y la ejecución de los presupuestos.
En el ámbito local, el plan contempla auditorías sobre la gestión de ayuntamientos de capitales de provincia, así como sobre la estabilización del empleo municipal y la seguridad informática en los servicios que prestan las diputaciones. Además, se han programado auditorías específicas en Medina del Campo y Trabanca.
Uno de los puntos críticos expuestos por Amilivia ha sido la necesidad de garantizar los recursos para la Autoridad Independiente en materia de corrupción. Aunque la Mesa de las Cortes aprobó en su momento la creación de seis plazas para su puesta en marcha, hasta la fecha solo se han cubierto dos. Además, la prórroga de los presupuestos de 2024 ha dejado sin asignación específica las partidas necesarias para su funcionamiento, generando un déficit de 85.000 euros.
Ante esta situación, el Consejo de Cuentas ha solicitado a la Mesa de las Cortes "la imprescindible dotación presupuestaria para cubrir los medios personales y materiales que permitan desarrollar el cometido de la Autoridad Independiente con la establecida separación de funciones".
Amilivia también ha reclamado que se refuerce la independencia del Consejo de Cuentas, recordando que Castilla y León es la única comunidad en la que este órgano no puede aprobar su plan de fiscalizaciones de manera autónoma, sino que requiere la ratificación de las Cortes.
