La Junta de Castilla y León lanza ayudas de hasta 3.000 euros para trabajadores afectados por ERTE

La convocatoria, con un presupuesto inicial de 780.000 euros, busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de empleados con contratos suspendidos o jornadas reducidas

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La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha publicado este 4 de mayo en el Boletín Oficial de Castilla y León una nueva convocatoria de ayudas destinada a trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Estas subvenciones están dirigidas a empleados de centros de trabajo ubicados en Castilla y León que hayan sufrido una suspensión de contrato o reducción de jornada durante al menos 10 días entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026.

El programa establece una ayuda de 10 euros por cada jornada completa de suspensión, con un máximo de 300 días, lo que permite alcanzar hasta 3.000 euros por beneficiario. En los casos de reducción de jornada o contratos a tiempo parcial, la cuantía se ajustará de forma proporcional.

La convocatoria se tramita en régimen de concesión directa y cuenta con un presupuesto inicial de 780.000 euros, que podrá ampliarse hasta el doble en función del volumen de solicitudes, con el objetivo de llegar al mayor número posible de trabajadores.

Podrán acogerse a estas ayudas los afectados por ERTE de cualquier naturaleza, incluidos los derivados de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), por fuerza mayor, por el Mecanismo Red o incluso por resolución judicial en procedimientos concursales. También se contemplan los trabajadores fijos discontinuos cuya actividad se haya visto interrumpida por estas circunstancias.

El plazo de solicitud se abrirá mañana y permanecerá vigente hasta el 25 de mayo. Las solicitudes podrán presentarse tanto de forma telemática, a través de la sede electrónica de la administración autonómica, como de manera presencial.

Esta línea ordinaria de ayudas se complementa con otras subvenciones extraordinarias habilitadas tras las inundaciones registradas el pasado mes de febrero, reforzando así el apoyo institucional a los trabajadores afectados por situaciones de crisis empresarial.

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