Los datos de siniestralidad laboral entre trabajadores autónomos durante 2025 han vuelto a situar el problema en el centro del debate. En total, se han registrado 733 accidentes graves, 59 fallecimientos y 26.387 bajas laborales en el conjunto del país. En Castilla y León, las cifras alcanzan 69 accidentes graves, 6 muertes y 1.797 bajas, reflejando una situación que preocupa al sector.
Detrás de estos números, según denuncia la organización UPTA, se encuentran miles de historias personales, negocios paralizados y familias afectadas por una problemática estructural que continúa sin una respuesta adecuada en materia de prevención de riesgos laborales.
La organización advierte de que los autónomos siguen siendo uno de los colectivos más desprotegidos en este ámbito. Su actividad se desarrolla en muchos casos con recursos limitados, escaso acceso a formación preventiva y menor apoyo técnico e institucional. Sectores como el transporte, la construcción, el comercio o el ámbito agrario concentran buena parte de estos riesgos.
UPTA señala además que el sistema de prevención actual está diseñado principalmente para empresas con estructura organizativa, lo que deja fuera la realidad de millones de trabajadores por cuenta propia. En este contexto, la organización alerta de que el incremento de controles e inspecciones previsto en la normativa podría generar más presión si no se acompaña de recursos adecuados.
“No se puede exigir más a quien no tiene herramientas para cumplir. Más control sin apoyo no previene accidentes, solo aumenta la presión sobre el autónomo”, advierte Eduardo Abad, presidente de UPTA.
Otro de los puntos críticos señalados es la situación de los más de 2 millones de autónomos sin asalariados, de los cuales 158.473 se encuentran en Castilla y León, que quedan prácticamente al margen del sistema preventivo actual. Esta ausencia de un modelo adaptado está favoreciendo, según la organización, la aparición de riesgos psicosociales cada vez más relevantes.
Estrés, ansiedad, jornadas excesivas, presión económica, impagos y condiciones laborales inestables están detrás de un incremento de problemas de salud mental, enfermedades cardiovasculares y accidentes derivados de la fatiga. UPTA define esta situación como una “pandemia silenciosa” aún sin respuesta suficiente desde las políticas públicas.
“Un autónomo no puede sostener jornadas de 12 o 14 horas diarias. Eso no es emprendimiento, es precariedad”, subraya Abad, que también advierte de la necesidad de limitar tiempos de trabajo en sectores especialmente expuestos.
Ante este escenario, la organización reclama un cambio profundo en el enfoque de la prevención laboral. Entre sus propuestas figuran la creación de programas formativos adaptados por sectores, incentivos para la inversión en seguridad, servicios públicos de asesoramiento gratuito, refuerzo de la cobertura ante accidentes o enfermedades profesionales y campañas específicas de concienciación.
UPTA también plantea destinar parte de los recursos de las mutuas a la vigilancia de los riesgos psicosociales, con el objetivo de abordar un problema que considera creciente.
La organización insiste en que la reducción de la siniestralidad en el trabajo autónomo requiere un nuevo modelo preventivo, más flexible y adaptado a la realidad del colectivo, y reclama que las cifras de 2025 sirvan como punto de inflexión en las políticas públicas de seguridad laboral.
