El Partido Popular de Castilla y León ha aprobado una nueva Proposición de Ley que busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales en la comunidad autónoma. La ley, respaldada unánimemente por el PP, asegura la prestación estable de asistencia sanitaria, educación y servicios sociales, tanto por la Administración regional como en colaboración con otras entidades públicas.
Entre sus principales disposiciones, la ley garantiza que los centros educativos, consultorios médicos y servicios sociales mantendrán sus ubicaciones actuales y operarán en las mismas condiciones una vez entre en vigor. Cualquier cambio en estos servicios deberá ser aprobado y debatido en las Cortes de Castilla y León, evitando decisiones unilaterales del Ejecutivo.
La normativa también refuerza el compromiso con la separación de poderes, al someter las decisiones sobre la reducción o cierre de servicios esenciales al Legislativo. Esta medida pretende ofrecer una mayor estabilidad y transparencia en la gestión de los servicios públicos, en contraste con la tendencia de concentración de poder observada a nivel nacional.
El Gobierno del PP destaca que la ley asegura la protección y mejora continua de los servicios públicos, reafirmando el compromiso con una prestación de alta calidad en sanidad, educación y servicios sociales. La normativa se considera una garantía de estabilidad para los ciudadanos y un ejemplo de respeto a la división de poderes en el contexto político actual
