La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado un acuerdo unánime entre el Gobierno y las comunidades autónomas para el reparto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una estrategia que movilizará una inversión global de 7.000 millones de euros destinada a reforzar las políticas públicas de vivienda en España.
El encuentro, presidido por la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha concretado el reparto inicial de fondos para 2026, año en el que se distribuirán 800 millones de euros entre territorios. En este marco, Castilla y León recibirá 43,2 millones de euros en la primera anualidad, dentro de una asignación global que alcanzará los 378 millones de euros hasta 2030.
El acuerdo se ha alcanzado tras un proceso de negociación prolongado entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y las comunidades autónomas, con 28 reuniones de trabajo y la incorporación de 365 aportaciones procedentes de expertos, administraciones y agentes sociales.
El diseño del plan responde a la estrategia del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, que busca consolidar un marco estable de planificación en materia de vivienda basado en el consenso territorial y la cooperación institucional.
El nuevo modelo de financiación establece una corresponsabilidad entre administraciones, de forma que el Ejecutivo central asumirá el 60% de la inversión, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, con el objetivo de reforzar la ejecución de políticas públicas en todo el país.
En cuanto a la distribución de los fondos, el plan establece que al menos un 40% se destinará a construcción y adquisición de vivienda, un 30% a rehabilitación del parque residencial existente y otro 30% a medidas de protección para colectivos vulnerables y territorios con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
El documento incorpora además medidas de refuerzo de la vivienda pública de carácter permanente, una cláusula antifraude en los procesos de adjudicación y la creación de sistemas de datos abiertos para mejorar la transparencia y el acceso a la información sobre vivienda protegida.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana defiende que este esquema de planificación a medio plazo permitirá consolidar políticas estables, con mayor coordinación entre administraciones y una respuesta más estructurada al problema de acceso a la vivienda en el conjunto del territorio.
