El Consejo de Gobierno de Castilla y León ha aprobado hoy, 7 de noviembre de 2024, un decreto que regula el control metrológico dentro de la Comunidad Autónoma, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Esta nueva normativa tiene como objetivo clarificar las funciones y responsabilidades de todos los agentes implicados en la gestión de los instrumentos de medición, asegurando su precisión y fiabilidad.
El control metrológico es esencial para garantizar la equidad en las transacciones comerciales, proteger los derechos de los consumidores, y salvaguardar la salud y el medio ambiente. Con este decreto, la Junta responde a la necesidad de una regulación precisa y eficiente que permita una gestión más ágil y transparente de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en esta materia.
Aunque la legislación sobre pesas y medidas corresponde al Estado, son las comunidades autónomas las encargadas de ejecutar ciertas competencias, como la vigilancia del mercado, la inspección, la gestión del Registro de Control Metrológico y la designación de los organismos encargados de la verificación metrológica. El nuevo decreto regula estos aspectos, adaptándolos a la normativa estatal.
La normativa ha sido diseñada bajo los principios de efectividad y transparencia, con el fin de facilitar el acceso a la información y reducir la carga administrativa. Además, se ha contado con la participación de los sectores implicados a través de un proceso de audiencia pública, lo que refuerza su carácter inclusivo.
El decreto se organiza en seis capítulos que abarcan desde las disposiciones generales hasta el régimen sancionador. En él se detallan las obligaciones de los actores involucrados en el control metrológico, las funciones de vigilancia e inspección, así como los procedimientos para gestionar las reclamaciones. También se establece la tramitación de solicitudes relacionadas con los precintos y el uso de sistemas de medida.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la obligación de los organismos de notificación y control de informar a la Administración en un plazo máximo de un mes sobre las actuaciones realizadas. Además, el decreto incluye disposiciones adicionales relacionadas con la identificación del personal inspector y la reutilización de la información pública.
Con la entrada en vigor de este decreto, se busca asegurar una aplicación más efectiva y eficiente del control metrológico en el territorio de Castilla y León, reforzando así la protección de los derechos de los consumidores y el respeto al medio ambiente.
