
El Ejecutivo autonómico ha sacado adelante hoy, durante la reunión del Consejo de Gobierno, la adquisición de 250 unidades de inodoros inteligentes orientados a personas con problemas de movilidad por valor de 1.150.000 euros. Una cuantía a ejecutar en tres años: 345.000 durante este ejercicio, 460.000 para el próximo y 345.000 en 2025.
Estos prototipos tecnológicos se distribuirán por residencias de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales y por viviendas donde se estén desarrollando los proyectos del programa ‘Atención en Red’, pueden instalarse sin necesidad de obras ni intervenciones de fontanería o electricidad, son capaces de realizar la limpieza del usuario adaptándose a su anatomía masculina o femenina e incorporan un sistema de secado. Además, funcionan como un asistente, pues facilitan los movimientos de sentado y levantado, ya que incorporan dos brazos de apoyo y una superficie carenada para evitar accidentes. De hecho, se conectan con los servicios de emergencia y sociales ante un eventual contratiempo, pues están diseñados para analizar posibles caídas.
También cuentan con un sistema de regulación de la temperatura del agua y un mecanismo mediante el cual acometen su propia limpieza. Llevan instalados varios micrófonos, puesto que el usuario puede ordenarle las acciones a través de comandos de voz, con la posibilidad de comprender varios idiomas. Por último, pueden monitorizar de manera portátil las señales fisiológicas, como la presión arterial o la temperatura.
La incorporación de estos prototipos tecnológicos, financiados con fondos europeos, se encuadra en la denominada Compra Pública de Innovación, en la que participa la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades junto a otras comunidades de la Unión Europea, con el objetivo de fomentar el desarrollo de soluciones sociosanitarias innovadoras y así fomentar el envejecimiento activo y la vida independiente.
Castilla y León adquiere los inodoros para probarlos en un entorno real y conocer si las funcionalidades propuestas se ajustan a las necesidades de las personas con movilidad reducida. Es decir, en la actualidad, no son productos comercializables, sino prototipos con los que se trata de mejorar los ya existentes en el mercado. El objetivo es lograr una solución técnicamente viable y económicamente asequible en el futuro.
El plazo total de ejecución del contrato es de 24 meses improrrogables. El anuncio de licitación se publicó el pasado 26 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público.