El primer informe de la Junta de Castilla y León sobre el impacto de la COVID-19 en las residencias de mayores de la comunidad recoge que la Gerencia de Servicios Sociales derivó a 5.000 ancianos usuarios de centros residenciales a hospitales desde el inicio de la pandemia.
La consejera de Familia, Isabel Blanco, compareció esta mañana para presentar el documento, que cumple el Pacto por la Reconstrucción, en el que se especifica que del 9 de abril al 28 de mayo se habían cribado el 99% de los residentes y el 95% de la plantilla de los centros de mayores.
Blanco aseguró que se han realizado 500 inspecciones, con 10 expedientes abiertos, en las residencias de Castilla y León a raíz de las cuáles se establecieron protocolos de actuación en los centros, aunque insistió en que si bien el estado de los usuarios son competencia de la Junta, la Administración autonómica no puede revelar informes sobre las residencias privadas, ya que la Abogacía del Estado y la Agencia de Protección de Datos no han dado permiso.
La consejera de Familia afirmó que actualmente se está actuando en 33 residencias de la región, 6 de ellas en la provincia de Zamora y aseveró que el 80% de los contagios en las residencias de personas mayores se produjo en marzo. "Cuando cerramos las residencias, el virus ya estaba dentro", reconoció la consejera zamorana,
Blanco también reconoció que se están remitiendo diariamente informes de las residencias al fiscal de Dependencia, con sede en León, y añadió que "los datos también se han trasladado al Procurador del Común y al Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).
