La Junta inicia la vía para desvincular la modificación de los precios del IPC, ya que según la Ley de Desindexación los cambios deben justificarse con un estudio económico.
El gobierno autonómico ha iniciado los tramites para desvincular la actualización del precio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) del Índice de Precios al Consumo (IPC). La Administración abre la modificación con la publicación de la consulta previa para que en vez de tener el cuenta el IPC las tarifas cambien atendiendo a un estudio económico que justifique la propuesta de las empresas concesionarias, tal y como indica la Ley de Desindexación. De este modo se allana el camino para una posible modificación de los precios tras cuatro años congelados en Castilla y León y dos años y medio después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal la congelación de precios del año 2012, momento en el que la inspección técnica de la Comunidad era la más cara de España.
Cuando se conoció el fallo del Supremo en 2017 la Junta no descartó subidas de tarifas, que no se produjeron ni siquiera el año pasado, cuando se modificó el procedimiento de la revisión para hacerla más técnica e incluir novedades como la posibilidad de cambiar de estación después de un suspenso. Entonces las empresas concesionarias presionaron a las autonomías para incrementar las tarifas aludiendo a un incremento de costes tanto por la adquisición de la tecnología para leer los ordenadores de a bordo, como por la formación que requirieron los técnicos.
Cabe recordar que debido a que durante años los precios de Castilla y León fueron los más caros de España, en el año 2015 la Junta redujo las tarifas, siguiendo la tendencia que en años anteriores habían iniciado otras comunidades autónomas para aliviar el bolsillo de los consumidores. En aquel momento la Administración rebajó un 20% la tasa para turismos y un 40% la de las motocicletas. La decisión fue muy mal recibida por las concesionarias del servicio, que denunciaron ante el Tribunal Superior el descenso de precios, defendiendo que la rebaja ponía en riesgo la prestación del servicio público en la Región. A pesar de todo, los cambios se aplicaron desde el 1 de enero de 2015, tarifas que aún siguen en vigor.
Hasta entonces los precios los fijaba anualmente la Administración regional a las tres concesionarias que trabajan en la Comunidad, que no podían modificarlos al alza ni a la baja. En la actualidad la Región alberga 44 estaciones de servicio. A todas se les imponen los mismos precios.
