La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha comparecido hoy ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para exponer el Proyecto de Ley de Presupuestos de 2026 de su departamento. Un proyecto marcadamente social que se configura como el más ambicioso de la historia con el objetivo de seguir dando pasos para traducir el buen momento económico de Castilla y León en bienestar, oportunidades y desarrollo profesional para todas las personas y territorios de la Comunidad.
La propuesta económica de la Consejería, que asciende a 478.552.085 euros, con incremento del 5,1 % respecto al ejercicio anterior, busca fortalecer alianzas con todo el tejido productivo y asociativo para seguir avanzando en la creación de empleo de calidad. El objetivo final es que cada persona que quiera trabajar o emprender pueda hacerlo con garantías, y que todas las empresas puedan contar con el capital humano que necesitan para crecer y ser competitivas.
Con el empleo como objetivo principal, el presupuesto se asienta sobre tres ejes fundamentales. En primer lugar, el fomento del empleo, con especial atención a los territorios, sectores y colectivos que necesitan un mayor impulso. En segundo lugar, el apoyo al autoempleo y al emprendimiento, con medidas destinadas a favorecer la puesta en marcha de nuevos negocios y el mantenimiento y desarrollo de los existentes. El tercero de los ejes estratégicos pretende contribuir a la modernización del tejido empresarial, apostando por la formación como palanca de transformación y modernización del tejido productivo y fomentando la incorporación de tecnologías avanzadas en el ámbito industrial y comercial.
La consejera ha recordado que los presupuestos parten de un escenario laboral que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en Castilla y León, alcanzando cifras históricas de ocupación, número de afiliados a la seguridad social y reducción de desempleo. En este sentido, en los últimos meses, Castilla y León ha superado con creces el hito histórico del millón de afiliados, con un incremento de más 55.000 afiliados desde octubre de 2022 y un descenso del desempleo cercano a los 21.000 trabajadores. La tasa de paro es 1,77 % inferior a la media del país, y el desempleo femenino se ha reducido en más del 10,5 % solo en el último año. Mantener y reforzar esa tendencia es el objetivo prioritario de los presupuestos que presenta la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.
Fomento del empleo, cohesión social y territorial
Los programas destinados a promover directamente la creación de empleo a través de las entidades locales y las entidades sin ánimo de lucro constituyen una parte esencial del presupuesto, dando respuesta tanto al compromiso de la Junta de Castilla y León con el municipalismo como a su apuesta por la cohesión social y territorial, prestando especial atención al ámbito rural y a los colectivos desfavorecidos.
En este sentido, se destinan casi 60 millones de euros a los programas de empleo local, 6,5 millones a los programas de fomento del empleo con las entidades sin ánimo lucro, y cerca de 40 millones a los programas mixtos de empleo y formación que también se desarrollan con estas entidades. Estos más de 106 millones de euros se traducirán en la creación de cerca de 10.000 empleos en el conjunto de la Comunidad.
Estas iniciativas de fomento del empleo, que se han simplificado ya a lo largo de este ejercicio, van destinadas a financiar los costes salariales de la contratación de desempleados para darles una oportunidad laboral y mejorar su empleabilidad. Además, contribuyen a mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y el entorno en el que viven, mediante la realización de obras o la prestación de servicios de interés general o social. También facilitan el aprovechamiento de los recursos endógenos y generan actividad económica, inyectando más de 106 millones de euros en la economía y el consumo local.
Dentro del eje de fomento del empleo, la propuesta de la Consejería recoge también cerca de 21 millones de euros para favorecer la estabilidad y el empleo de calidad, apoyando las contrataciones indefinidas, la transformación de contratos temporales en indefinidos, la ampliación de contratos a jornada completa y los contratos destinados a favorecer la conciliación.
Formación profesional como palanca de empleabilidad y modernización
El eje de la formación, dotado con 152 millones de euros, se concibe como fórmula de mejora de la empleabilidad en la búsqueda de empleo y el desarrollo profesional; pero, también, como palanca para mejorar la productividad y la modernización de las empresas de Castilla y León. Especialmente en un escenario productivo donde la digitalización y el desarrollo tecnológico son esenciales para garantizar la competitividad.
Se ha realizado un esfuerzo por vincular las acciones formativas a las necesidades reales de las empresas, priorizando modelos ajustados al tejido productivo, incluyendo formación específica en el seno de las empresas, y formación alineada con las nuevas tecnologías y los sectores estratégicos de la Comunidad.
Se destinarán más de 81 millones de euros a la cualificación de trabajadores desempleados – con 27 millones para la práctica profesional real-. Más de 31 millones se dirigen a formación de trabajadores ocupados, apostado por su adaptación permanente a los nuevos medios de producción y apoyando su promoción profesional. Además, como ya se ha indicado, se destinan cerca de 40 millones de euros a los programas mixto de formación y empleo que permiten la práctica laboral y la cualificación para el ejercicio de profesiones que tienen una amplia demanda tanto en el mercado laboral, tanto por cuenta ajena como a través del autoempleo.
Intermediación laboral efectiva, captación de talento e impulso al empleo juvenil
Las líneas de actuación recogidas en los presupuestos buscan, también, avanzar en la transformación del Servicio Público de Empleo de Castilla y León como punto de encuentro de referencia entre la oferta y la demanda laboral de la Comunidad. En este sentido, se contempla una dotación económica de cerca 18 millones de euros para potenciar y mejorar la importante labor de intermediación laboral, además de una mayor colaboración con los agentes que operan en el ámbito de la orientación y la inserción laboral.
Entre las medidas programadas se incluye la progresiva implantación de un sistema inteligente de intermediación y orientación laboral basado en tecnologías inteligentes para mejorar el ajuste entre ofertas y demandas de empleo, nuevos servicios a través de la Oficina Virtual con un apartado específico para empresas, la consolidación de nuevos formatos de intermediación laboral como las entrevistas de trabajo exprés, y una estrecha colaboración con otras entidades y colectivos.
En ese marco de colaboración con instituciones, fundaciones, empresas y universidades, se va a desarrollar un nuevo programa de captación de talento que garantice la intermediación laboral entre profesionales muy cualificados y empresas que buscan este tipo de perfiles para mejorar su competitividad y desarrollar procesos innovadores. El objetivo es visibilizar y fomentar las oportunidades laborales de Castilla y León para profesionales altamente cualificados.
En colaboración con las universidades públicas seguirán desarrollándose también los dos programas que se han puesto en marcha este año para impulsar el empleo y el emprendimiento de los jóvenes que han finalizado su etapa formativa, ya sea en el ámbito universitario o de formación profesional. El programa INCOFI, con la participación de 4.000 jóvenes titulados en itinerarios para mejorar su cualificación y su inserción, incluyendo prácticas formativas, orientación y apoyo al emprendimiento; y el Experience Plus, que permitirá que 350 jóvenes recién titulados puedan recibir formación específica en el seno de empresas estratégicas para su posterior incorporación a las plantillas.
Esfuerzo sin precedentes de apoyo a los autónomos y al emprendimiento
El presupuesto realiza un esfuerzo histórico en favor de los trabajadores autónomos, con una inversión de casi 48 millones de euros para paliar las cargas tributarias que vienen soportando, fomentar el emprendimiento y contribuir al mantenimiento y desarrollo de la actividad de los pequeños negocios distribuidos por todo el territorio de la Comunidad.
Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor número de autónomos por cada 1.000 habitantes en edad de trabajar, lo que convierte a este colectivo en uno de los principales pilares de la economía de la Comunidad, generando empleo y prestando un amplio abanico de servicios esenciales para las personas, especialmente en el ámbito rural. El apoyo a los autónomos es, además de un objetivo prioritario para la Junta, una medida necesaria para paliar el incremento de costes y cargas administrativas derivadas de la normativa estatal.
Para compensar esa carga se crea el Bono Cuota Autónomos, con un presupuesto de 30 millones de euros. Esta ayuda directa a fondo perdido permitirá apoyar a todos los trabajadores autónomos que tienen la condición de persona física y que representan en torno a 100.000 autónomos en Castilla y León.
Además, se refuerza el programa Tarifa Cero Segunda Oportunidad, que, con una dotación inicial de 1,6 millones, permitirá devolver íntegramente la cuota que hayan abonado al Estado durante los primeros 18 meses de alta en la seguridad social. De este modo, la Junta de Castilla y León pretende contrarrestar también el encarecimiento de la tarifa plana estatal y apoyar a los nuevos emprendedores durante la etapa inicial de su actividad.
El apoyo a este colectivo incluye la continuidad del programa de fomento del relevo generacional que se puso en marcha este verano: Relevacyl. Este programa, dotado con 3,2 millones de euros, pretende evitar el cierre por jubilación de aquellos negocios viables, fomentando su traspaso a otro emprendedor que opte por el autoempleo. Una medida especialmente necesaria ante el alto porcentaje de autónomos mayores de 55 años de Castilla y León.
Paralelamente, desde el Servicio Público de Empleo, se mantiene la apuesta por el impulso al emprendimiento, con los incrementos presupuestarios y el refuerzo de los incentivos que se aplicaron este año en los programas de Fomento del Autoempleo, Autoempleo Jóvenes Egresados, y emprendimiento en los municipios de Transición Justa de León y Palencia, así como la línea de apoyo a la contratación del primer trabajador. Estos programas, suponen en su conjunto una inversión de 10 millones de euros.
Los autónomos son, además, los principales destinatarios de las 5 líneas que conforman el programa Cheque Comercio Rural de Castilla y León que se puso en marcha durante este 2025 y que va a tener continuidad durante el próximo ejercicio
Apoyo a la creación y mantenimiento de 7.000 empleos a través de la Economía Social
El proyecto de presupuestos mantiene un firme compromiso con el modelo de economía social, que busca la excelencia del mercado laboral mediante la incorporación de todo el talento disponible, incluyendo a las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Las partidas económicas de la Dirección General de Economía Social y Autónomos para este fin superan los 38 millones de euros y permitirán apoyar unos 7.000 empleos, destinados, fundamentalmente, a personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión.
Estos 7.000 empleos apoyados a través de las entidades de la economía social se suman a los casi 10.000 puestos de trabajo que se impulsan a través de los programas de empleo local y entidades sin ánimo de lucro. Lo que se traduce en una inversión superior a los 140 millones de euros para el mantenimiento y la creación de en torno a 17.000 puestos de trabajo para las personas de Castilla y León, durante el año 2026.
Se mantiene, también, el apoyo a las sociedades cooperativas y a las sociedades laborales, reconociendo su contribución al desarrollo económico y a la lucha contra la despoblación en las zonas rurales, con una partida de 2 millones de euros para apoyar la incorporación indefinida de socios y la realización de inversiones.
Fortalecimiento y modernización del comercio y del sector Industrial
El comercio local, que es un sector estratégico por su peso económico y su función social, está inmerso en un proceso de transformación derivado, fundamentalmente, de los nuevos hábitos de consumo. Esta situación exige el apoyo de las políticas públicas y particularmente de la Junta de Castilla y León, que incrementa para el 2026 en más de un 15 % el presupuesto destinado a este sector, con más de los 21 millones de euros.
Una parte importante de esta partida se destina a la modernización y digitalización, incluyendo las líneas de ayuda para la implantación de programas informáticos como el de facturación verificada (VeriFactu). Los incentivos al consumo de proximidad, el apoyo a los mercados de abastos, y los programas de promoción y reactivación comercial constituyen, junto al Cheque Comercio Rural, líneas estratégicas de apoyo al comercio de proximidad en estos presupuestos que, mantienen las partidas para el apoyo y la promoción del sector artesano y de la moda de Castilla y León.
Dentro de las competencias de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, los presupuestos del próximo tienen como objetivo el apoyo al desarrollo tecnológico de las pymes industriales y el aprovechamiento del potencial del sector en la cohesión territorial de la Comunidad.
En este sentido, se consolidan y amplían los planes estratégicos de desarrollo industrial, con siete programas territoriales de fomento en vigor, y el Programa Territorial de Fomento de Segovia que quedará aprobado este año bajo el impulso y la coordinación de la Consejería. Estos planes son herramientas vivas, diseñadas para activar el potencial económico de las zonas con menor desarrollo industrial, atraer inversión, crear empleo y promover la diversificación económica, generando nuevas oportunidades allí donde más se necesitan.
Además, se mantendrán los proyectos de Industria 4.0, modernización de maquinaria y ciberseguridad industrial, concebidos para impulsar el desarrollo tecnológico de las empresas industriales de la Castilla y Leon, especialmente de las más pequeñas, con más dificultades para incorporar a sus procesos productivos tecnologías avanzadas, tan necesarias para mejorar la productividad y poder competir en un mundo globalizado.
Las cuentas recogen también, las partidas económicas destinadas a colaborar con universidades, centros tecnológicos y otras entidades en el desarrollo de proyectos innovadores y de base tecnológica en ámbitos como la Inteligencia Artificial, la industria de drones y el sector aeroespacial, así como la participación de la Consejería en programas europeos como el SYSTEMEU o el HYPERION.
Trabajo de calidad, seguridad y salud laboral
La Consejería destina 32,5 millones de euros para mejorar la seguridad, la salud laboral y las relaciones laborales de los trabajadores y las empresas de la Comunidad. Esta dotación económica supone un incremento de casi el 30 % respecto al presupuesto asignado en 2025, lo que refleja una apuesta decidida por mejorar las condiciones laborales y fortalecer la cultura preventiva.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales se destinan más de 13,7 millones en ayudas para que las empresas puedan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mediante la renovación de equipos de trabajo, el acondicionamiento de los espacios, la retirada de amianto o el desarrollo de acciones para fomentar el bienestar laboral.
Los programas de relaciones laborales cuentan con una partida de 8,6 millones de euros. Destacan las ayudas para el mantenimiento del empleo y para compensar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Asimismo, se dota de crédito suficiente la participación institucional de los miembros del Diálogo Social, con 3,9 millones de euros.
En resumen, este proyecto de presupuestos representa un compromiso firme con el empleo de calidad y el emprendimiento, la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y el fortalecimiento del tejido productivo. Son unas cuentas realistas, responsables y profundamente sociales, concebidas para impulsar la competitividad de las empresas, apoyar a los autónomos y proteger a las personas más vulnerables.
