La Junta de Castilla y León ha celebrado esta semana unas jornadas técnicas en las que se ha dado a conocer el nuevo sistema de inspección ambiental, por el que se regula el régimen de vigilancia, inspección y control de las actividades e instalaciones potencialmente contaminadoras en la Comunidad.
El encuentro, inaugurado por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, contó con una amplia participación de profesionales y representantes de empresas industriales, gestores de residuos, cooperativas ganaderas y entidades acreditadas del ámbito ambiental.
Durante las jornadas se presentaron las principales novedades del nuevo marco normativo, que refuerza la protección del medio ambiente a través de un sistema más ágil, transparente y eficiente. El decreto introduce la figura de los Organismos de Control Ambiental Acreditados (OCAA), entidades que podrán colaborar con la Administración autonómica en la realización de actuaciones materiales de inspección, manteniéndose en todo momento la responsabilidad última de la supervisión en el ámbito público.
Desde la Junta se explicó que en 2026 comenzará el nuevo Programa de Inspección Ambiental regulado por este decreto. La Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta determinará qué instalaciones deberán someterse a inspección y con qué frecuencia, en función de su riesgo ambiental, y comunicará con al menos cuatro meses de antelación a los titulares la obligación de contratar a un Organismo de Control Ambiental Acreditado (OCAA), habilitado por la Junta de Castilla y León, para realizar las actuaciones materiales de inspección.
Estos organismos actúan en nombre de la Administración autonómica, por lo que los titulares deben facilitarles el acceso a la instalación, la documentación necesaria y la presencia de una persona que conozca su funcionamiento y gestión ambiental durante la visita. En caso de disconformidad con el informe emitido por el OCAA, los titulares podrán presentar sus alegaciones a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.
La Junta mantiene la garantía del proceso de inspección ambiental, desarrollando la planificación, la emisión del informe final, la exigencia de medidas correctoras, la posible apertura de expedientes sancionadores y la publicación de los resultados de las inspecciones, asegurando así la transparencia y el control público.
Este nuevo modelo avanza en la simplificación administrativa, fomenta la corresponsabilidad de los agentes económicos, reduce los costes públicos y aplica el principio de quien contamina paga. Además, sitúa a Castilla y León entre las comunidades más avanzadas en materia de inspección y gestión ambiental: la Comunidad ocupa el tercer lugar en número de instalaciones sujetas a autorización ambiental y la segunda en relación con su población, con una instalación por cada 2.687 habitantes.
Asimismo, en el marco de estas jornadas se recordaron otras iniciativas de sostenibilidad empresarial impulsadas por la Junta, como el Pacto por la Economía Circular, que promueve la implicación del tejido productivo en la transición hacia un modelo más sostenible, y el programa Ventana Abierta a la Sostenibilidad de Excelencia, que vincula a empresas comprometidas con la sostenibilidad con centros de Formación Profesional.
Estas actuaciones reflejan el firme compromiso de la Junta de Castilla y León con la protección ambiental, la innovación sostenible y la colaboración público-privada, pilares fundamentales para avanzar hacia un desarrollo económico equilibrado y respetuoso con el entorno natural.
