La Junta de Castilla y León y las principales Organizaciones Profesionales Agrarias se han reunido para analizar la situación actual de la gestión del lobo en España y en la comunidad autónoma, tras las modificaciones normativas aprobadas en 2025 tanto a nivel europeo como estatal.
A nivel europeo, la Directiva Hábitat ha incorporado todas las poblaciones de lobo al anexo V, lo que permite a los Estados miembros adoptar medidas de gestión sobre la especie. Por su parte, la Ley 1/2025, de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, ha excluido del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial a las poblaciones de lobo al norte del río Duero, y contempla la exclusión automática de las poblaciones del sur una vez modificada la Directiva. Esto significa que todas las poblaciones de lobo en Castilla y León ahora pueden gestionarse con criterios más flexibles.
No obstante, la sentencia del Tribunal de Justicia de julio de 2024 recuerda que, independientemente del anexo en el que se incluya la especie, el lobo no puede ser cazado si su estado de conservación es desfavorable, según los informes sexenales.
En este sentido, el reporte sexenal del lobo 2019-2024, aprobado por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, concluye que el estado de conservación de la especie es favorable tanto en las regiones atlántica como mediterránea. Sin embargo, el Gobierno de España aún no ha remitido este informe a la Comisión Europea, alegando la necesidad de evaluar los efectos de los incendios forestales de 2025, un argumento que la Junta considera inapropiado, ya que el informe abarca únicamente hasta 2024.
Ante esta situación, la Junta de Castilla y León y las organizaciones agrarias han exigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que cumpla con las obligaciones estatales y remita el informe conforme a la normativa vigente.
Además, la Junta se ha comprometido a revisar y actualizar los baremos de pagos compensatorios por daños de lobo, aprobados en 2023, ajustándolos a los valores actuales de mercado, convocando nuevas reuniones de trabajo para definir estos pagos y reforzar así su apoyo al sector ganadero de la comunidad.
