El nuevo portavoz de la Junya y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Javier Fernández Carriedo, ha enfatizado el refuerzo en la plantilla de rastreadores que, a día de hoy, alcanzan los 645 (348 propios de la Junta y a los que se han sumado 297 de las Fuerzas Armadas). Un refuerzo que choca en cambio con las nuevas medidas en las que recae en el propio paciente la responsabilidad de elaborar una lista de contactos estrechos y su posterior comunicación.
El último protocolo realizado por la Junta y SACYL para el manejo de casos positivos hace referencia a que "si el resultado del test de antígenos rápido que se practica es positivo, se indicará aislamiento al paciente y el paciente realizará el listado y la llamada a sus contactos estrechos para informarles de las recomendaciones pertinentes (hoja de recomendaciones para el contacto estrecho)".
Carriedo ha insistido en que no va a poner en tela de juicio el trabajo de los rastreadores y ha defendido su labor al margen de las preguntar reformuladas en varias ocasiones por una de las periodistas presentes en la sala tras la reunión del Consejo de Gobierno. "Las personas que han dado positivo tienen la obligación de confinarse y las personas que sean convivientes o que haya mantenido contacto y tengan riesgo de contagio tienen la obligación de acudir a realizar los correspondientes test diagnósticos".
En este punto, Carriedo considera que "una cosa no es incompatible con la otra: el trabajo de los rastreadores con el trabajo de la responsabilidad individual de las personas positivas en Castilla y León".
